En el marco de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), la Provincia de Misiones reafirma su compromiso de abordar la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva socioeducativa y de restitución de derechos. En este contexto, la Directora General del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alcaide General Valeria del Carmen Mereles, junto a los directores de los Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Cemoas), encabezan desde hace varios meses intensas jornadas de trabajo interinstitucional.
Estas mesas de articulación reúnen al Ministerio de Gobierno, el Poder Judicial y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, con el objetivo de unificar criterios, agilizar las respuestas judiciales y consolidar la infraestructura y los equipos profesionales de los dispositivos provinciales.
Un modelo provincial de contención y evaluación integral
Los Cemoas —distribuidos estratégicamente en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico— constituyen la única puerta de entrada obligatoria en la provincia previa a cualquier medida judicial para menores de edad. Cabe destacar que la Policía de Misiones tiene prohibido alojar a los jóvenes en dependencias policiales, así como el uso de esposas o su convivencia con adultos detenidos, realizando el traslado y derivación directa a estos centros especializados.
Bajo este esquema, se remarca que ningún adolescente ingresa de forma directa a la Unidad Penal IV (Instituto Correccional de Menores Varones). Todo menor atraviesa en primer término el proceso de evaluación, contención y diagnóstico interdisciplinario dentro del Cemoas, y únicamente en aquellos casos en los que la Justicia determine expresamente una medida de encierro o privación de libertad por la comisión de delitos graves, se procederá a su derivación a la U.P IV.
El protocolo paso a paso tras el ingreso del adolescente
Una vez que el menor ingresa a la sede del Cemoas, se pone en marcha un protocolo de intervención inmediata y rigurosa:
1. Recepción e Inspección Médica: Se toma la novedad de ingreso y el Médico de Guardia realiza un examen integral para evaluar el estado de salud del adolescente.
2. Evaluación de Adicciones: Interviene el Profesional de Guardia de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas para detectar posibles consumos problemáticos e indicar el abordaje correspondiente.
3. Notificación y Apertura de Legajo: Se notifica de inmediato a los padres o tutores y al Defensor Penal Juvenil especializado. Se abre un legajo individualizado con entrevistas de diagnóstico y plan de seguimiento diario.
4. Contención e Intervención Interdisciplinaria: Equipos de psicólogos, trabajadores sociales y médicos evalúan el entorno familiar y social. Paralelamente, se garantiza la continuidad educativa (aulas satélite), talleres recreativos y la articulación con centros especializados como el Hogar de Día.
5. Definición Judicial y Egreso: Durante este periodo de estadía transitoria (fijado prioritariamente entre 24 y 72 horas), la Justicia resuelve la situación procesal. Al momento del egreso, se emite un nuevo informe médico y se inicia un acompañamiento y seguimiento familiar de hasta 6 meses.
Innovaciones normativas y profesionalización penitenciaria
El marco legal introduce figuras clave como el supervisor especializado designado por la Justicia para el seguimiento individual, la estricta reserva de la identidad del menor, la responsabilidad civil de los padres y el impulso a medidas alternativas a la prisión (amonestación, servicios comunitarios, mediación o monitoreo electrónico) para delitos leves, reservando la privación de libertad únicamente para hechos graves. En este esquema, el Servicio Penitenciario Provincial brinda la cobertura de seguridad especializada en los cuatro Cemoas mediante una vigilancia interna preventiva, sin lógicas carcelarias y bajo estrictos criterios de trato digno y proporcionalidad.
Para garantizar este abordaje socioeducativo, el personal penitenciario —integrado por agentes de seguridad y profesionales interdisciplinarios de diversas áreas— atraviesa una intensiva y constante capacitación en temas como atención de crisis, prevención de consumos problemáticos, agente sanitario, abordaje del suicidio, liderazgo y salud integral. Este perfeccionamiento continuo se complementa con la puesta en marcha de unidades pedagógicas y múltiples talleres diseñados para brindar herramientas reales de contención y desarrollo a los adolescentes.
Trabajo preventivo y revisión continua de recursos
Ante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, se prevé un incremento paulatino en la demanda del sistema, lo que exige adecuar los procesos de evaluación de cada caso y optimizar la respuesta institucional.
Al respecto, la Alcaide General Valeria del Carmen Mereles remarcó: «La implementación de esta normativa exige una respuesta ágil, humana y coordinada. Llevamos meses planificando y adecuando cada etapa del circuito junto a la Justicia y los ministerios para que el sistema funcione con la máxima celeridad. Pese a que se prevé un aumento de la demanda y entendemos que cada caso requiere evaluaciones específicas e intervenciones minuciosas, llevaremos adelante una revisión conjunta y permanente de la infraestructura y los recursos. Este diálogo continuo entre el Servicio Penitenciario, la Justicia y el Gobierno provincial nos permitirá acompañar el crecimiento del flujo de ingresos que trae el nuevo régimen, resguardando siempre las garantías de los adolescentes.»
Con este esquema de trabajo interinstitucional, Misiones continúa consolidando un modelo de contención, asistencia integral y prevención de la infancia en conflicto con la ley penal.
