Se calcula que unos siete mil trabajadores cosecheros están en negro, pese a la corresponsabilidad gremial. Prefieren no estar registrados para cobrar la ayuda social, pero pierden derechos a la obra social y se quedan sin aportes jubilatorios.
Mediante un paquete legislativo que pretende solucionar el drama social por la falta de registración laboral de los trabajadores temporarios del ámbito rural, el diputado nacional Héctor Orlando “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-PAyS) propuso una batería de medidas que ya tomaron estado parlamentario y son analizadas en las comisiones respectivas. Paralelamente, inició gestiones en los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.
La primera medida propuesta es un proyecto de Ley para reformular el programa interzafra o intercosecha, que aportaría seguridad jurídica a los trabajadores porque el aporte ya no dependerá del gobierno de turno. Contempla un pago mensual cercano al salario básico, además de la posibilidad de contraprestar servicios en el ámbito público o privado (incluso con sus mismos empleadores) en tiempos en los que no hay cosecha. El proyecto lleva el número 5049-D-2020 y tomó estado parlamentario en septiembre de 2020, siendo tratado en la actualidad en las comisiones de Agricultura, Mercosur y Presupuesto.
El segundo proyecto propone la compatibilidad de programas y ayuda social con el trabajo temporario registrado. La incompatibilidad genera un altísimo índice de trabajo en negro entre los cosecheros, con todo lo que trae acarreado. “Propusimos en principio que los programas Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo sean compatibles con el blanqueo que no suele extenderse más de cuatro o cinco meses. Presentamos un proyecto legislativo y además mandamos notas al ministro Daniel Arroyo, al Jefe de Gabinete Cafiero, al ministro de Trabajo Claudio Moroni” explicó Bárbaro, que cree que es una solución que se puede dar a corto plazo y que sería el paso intermedio entre la situación actual y la sanción de una ley específica.
«La falta de registración perjudica al trabajador rural y a su familia porque no tienen obra social y nunca se van a jubilar en el régimen general porque no tienen aportes, ¡pero también perjudica a las economías regionales porque el productor no puede arriesgarse a contratar en negro y se vuelve muy irregular la mano de obra para las cosechas!, agregó.
Corresponsabilidad gremial
Paralelamente, Bárbaro trabaja en un pedido de informes a la AFIP, a la Secretaría de seguridad Social y al INYM sobre la recaudación, los destinos y los motivos por los cuales la Corresponsabilidad gremial no logró bajar los índices de tareferos en negro.
“Los productores pagan la corresponsabilidad mediante el aporte de la tarifa sustitutiva, no hay evasión ahì, todos cumplen, pero resulta que esos mismos productores pagan cada vez más caro y sigue habiendo trabajadores en negro. Sospechamos que hay grandes molinos o industrias que hacen pasar a sus trabajadores como tareferos para usar en su provecho la corresponsabilidad que no les corresponde, y ahí sí evadir sus obligaciones tributarias” finalizó.
