Mediante un proyecto de Ley, diputados de las provincias tabacaleras proponen que todos los derivados del tabaco paguen tributos en el país, como los cigarrillos precalentados que hoy se importan para su consumo.
Después de conocido el polémico fallo del juez federal Enrique Lavié Pico dictaminando la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo que rige para la venta de cigarrillos en el país, se conoció un proyecto de Ley que busca incluir a todos los subproductos del tabaco en el pago de estos impuestos y en la financiación del Fondo Especial del Tabaco (FET), además de beneficiar la constitución de los fondos coparticipables que van a las provincias y los que sostienen el sistema previsional argentino.
El misionero Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS), autor de la iniciativa, explicó que existe gran preocupación en el sector tabacalero y en las provincias productoras por el desfinanciamiento de los recursos que se constituyen con los impuestos que pagan las tabacaleras, y que tienen, básicamente, el fundamento de desalentar el consumo de cigarrillos “baratos”. “La idea es que todos los subproductos del tabaco paguen esos impuestos como corresponde. Incluimos en la propuesta legislativa al tabaco precalentado, al tabaco picado y a todos los productos que provienen de la materia prima que plantan y cosechan nuestros productores” amplió.
Polémico y perjudicial fallo de la Justicia
El proyecto de Ley tendrá el acompañamiento de diputados nacionales de las siete provincias tabacaleras que trabajan en la iniciativa en conjunto con Bárbaro, al igual que la Federación Argentina de Productores de Tabaco y autoridades provinciales.
Se lo conoce justo en el momento en que se hizo público un polémico fallo judicial que exime a la Tabacalera Sarandí SA de pagar los impuestos internos mínimos al expendio de cigarrillos establecidos en la Ley 24674. La decisión beneficia al 30% de la industria tabacalera que no paga ese impuesto y afecta los ingresos de los productores tabacaleros y la recaudación de las provincias y el Estado nacional. Se estima que la pérdida asciende a 1.650 millones de dólares en los últimos siete años.
Para Bárbaro, el fallo de primera instancia federal “seguramente será revisado en las instancias superiores porque no tiene en cuenta que la política tributaria cuestionada, en realidad tiene su justificación en la protección de la salud pública. Si se promueve que el cigarrillo salga dos mangos, se aumentará la cantidad de fumadores; está estudiado eso, y tenemos compromisos internacionales que cumplir. Y como el tabaquismo provoca enfermedades, el Estado que se hace cargo debe recaudar. El fallo podría habilitar a toda la industria tabacalera a evitar el pago del mínimo de $151 por paquete, con lo que se podría comercializar cigarrillos a precios tres veces más bajos que los actuales, una locura” finalizó.