La norma busca proteger a los pequeños agricultores que recurren a la compra de tractores usados de países limítrofes y son criminalizados por las fuerzas federales. No tienen posibilidades de comprar equipamiento argentino por los altos precios, ni acceso al crédito. El proyecto establece la posibilidad de legalizar los existentes y de importar con “tasa cero”.
El autor de la iniciativa, Héctor «Cacho» Bárbaro (Pays-Frente de Todos), socializó el proyecto con los legisladores de provincias fronterizas donde existen agricultores que podrían beneficiarse con el régimen especial. Busca que se trate de una iniciativa conjunta.
Pretende solucionar así una situación de hecho que complica fuertemente a los pequeños productores golpeados por las inequidades, los más vulnerables de la cadena. “Hoy por hoy, un colono del alto Uruguay misionero no tiene posibilidades de comprar un tractor usado de fabricación nacional. Un tractor chico y de entre 30 y 40 años de antigüedad cuesta entre $500.000 y un millón de pesos. Es totalmente inviable. Por eso se arriesgan con tractores de Brasil sin aval aduanero que les cuestan hasta siete veces menos”, contó, reflejando así la dura realidad que se registra en Misiones y en otras provincias fronterizas del país.
Estos productores son criminalizados cuando las fuerzas federales detectan la existencia del tractor en una chacra o en tránsito por rutas o caminos vecinales. Cuando esto pasa, pierden la máquina -que por lo general requirió la inversión de los ahorros de toda la vida-, y enfrentan una causa federal.
“No hay créditos para la tecnificación de las chacras a los que puedan acceder los productores más pobres. Los obligamos a ser criminalizados o a someterse a las herramientas de labranza del siglo 19… la yunta de buey, el taka taka, la azada, la rastra. A los 50 años terminan con la espalda rota y una mínima capacidad de producción. Con un tractorcito triplican la producción y no se lastiman, la tecnificación favorece el arraigo y la permanencia de las nuevas generaciones de productores, y en el escenario de la pospandemia del COVID 19 vamos a tener que proteger muy especialmente a los productores de alimentos y a la agricultura familiar”, explicó Bárbaro para fundamentar la iniciativa, también inspirada en una anterior del diputado Carlos Goring (MC), actual intendente de Colonia Aurora.
La iniciativa
El Proyecto de Ley propone el régimen especial de importación a “tasa cero” de maquinaria e insumos agrícolas usados con una antigüedad mínima de ocho años y exclusivamente por parte de pequeños productores agropecuarios monotributistas o monotributistas sociales, poseedores o titulares de unidades productivas menores de 100 hectáreas.
El productor que utilice el régimen se denominaría en adelante “importador casual” y no podrá importar más de una máquina agrícola cada cinco años, y cada dos años en el caso de los insumos. Tampoco podrá enajenar el bien importado por el transcurso de dos años, ni trasladarlo fuera de la provincia desde donde se importó.
Las limitaciones buscan evitar que exista triangulación por parte de evasores que pretendan usar a los productores como pantalla para operaciones ilegales, además de proteger a la industria nacional. Paralelamente, propone “blanquear” la maquinaria ya existente en provincias fronterizas -y que no cuente con aval aduanero- mediante la inscripción del bien a nombre del productor ante escribano público. “Nuestros productores son trabajadores, no delincuentes” finalizó Bárbaro.
