Durante la mañana de este martes se reunieron vecinos del asentamiento Las Tacuaritas con referentes del Iprodha en la Defensoría del Pueblo, a fin de acordar los detalles finales de la relocalización que iniciaría su primera etapa, el lunes 18 de abril.
Al frente de la reunión estuvo el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, Alberto Penayo, quien también fue el gestor de la mesa de diálogo interinstitucional que logró llegar hasta la etapa final de la regularización dominial de estas familias.
Preocupación por las demoras en la entrega de las casas
La reunión tuvo como telón de fondo la preocupación de los vecinos ante el atraso en la entrega de las viviendas de las que son adjudicatarios, que tenían como fecha límite de entrega el 29 de marzo de 2022, según consta en un acta de acuerdo firmada en la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, la directora de área social del Iprodha, Lucia Bauman, mencionó que todo está encaminado para que el lunes puedan empezar con la relocalización de la primera tanda de familias. Lo cual es un proceso complejo que demanda mucho trabajo, por lo que esperan contar con la ayuda de la Municipalidad.
Respecto a la demora en la entrega, se explicó que las razones son varias, como la falta de terminación de la instalación de los servicios para las viviendas, la situación epidemiológica, y que a todo eso, se suman las torrenciales lluvias de los últimos días que complicaron todo mucho más, principalmente para las familias.
«Hubo demoras en la entrega de las viviendas, a lo que tenemos que sumar la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran estas 54 familias. Pero a pesar de las angustias y preocupaciones naturales de estas familias que no ven la hora de mudarse a su nueva casa, las noticias son positivas pues el lunes ya se inicia el proceso de traslado de la primera tanda de familias.
Este proceso demorará seguramente algunas semanas, pero que en no mucho más que eso, habremos llegado al final de un largo camino recorrido juntos, para que estas familias accedan a lo que es su derecho: una vivienda digna con todos los servicios como corresponde», explicó el defensor Alberto Penayo.
