El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, destacó la resolución del juez Federal, Luis Casals, y que el magistrado haya elevado al Registro Nacional de Reclamos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la presentación de la medida de amparo y la cautelar contra el aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por la Nación.
Acompañado por los funcionarios, legisladores, organizaciones sociales y políticas que integran la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso, Penayo recalcó además que “todos los defensores del pueblo del país están comprometidos ahora con esta decisión, nuestra demanda sentó un precedente a nivel nacional, y en otras ciudades y provincias ya están trabajando sobre este texto”.
Por otra parte, aclaró que “en esta primera etapa la cautelar y el amparo reconoce sólo a la figura del defensor del Pueblo de Posadas, por lo que la representación colectiva se limita sólo a usuarios de la capital provincial, pero estamos analizando otros mecanismos para ver la posibilidad de que pueda alcanzar a todas las familias misioneras”.
En ese sentido, Penayo enfatizó en que la medida judicial “es contra el Ministerio de Energía de la Nación y la distribuidora de energía CAMESA, sosteniendo la inconstitucionalidad del aumento dado que en Misiones no hay antecedentes de que se haya participado de la audiencia pública para que se fije esta tarifa, y nosotros queremos información clara de cómo surgen los valores actuales”.
“Cabe aclarar que Misiones es una provincia electrodependiente, no tenemos la posibilidad que tienen otras jurisdicciones del país como es el gas corriente, por ende es normal que siempre estemos por encima de la media de consumo que fija la Nación, y por esta misma razón los misioneros necesitamos de una tarifa especial, y lo que planteamos es que se retrotraigan los valores a noviembre del año pasado”, aclaró el ombudsman posadeño.
En esa línea agregó que “si el sueldo promedio en Misiones es de entre 11 y 12 mil pesos, que una familia tipo reciba una factura de luz por alrededor de tres mil pesos es confiscatorio, cuando la Constitución establece que el valor de los servicios debe ser previsible y no confiscatorio”.
Finalmente, indicó que “si bien celebramos que el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, haya retrotraído el valor del VAD, es un gran esfuerzo y buscando que haya un menor impacto en el bolsillo de los misioneros, lo que nosotros plantemos en el reclamo judicial es que la Nación de marcha atrás con el aumento porque es lo que tiene mayor impacto en la boleta de luz y que fue dado de manera inconstitucional para Misiones que, pese a los pedidos de informes que realizamos al Ministerio de Energía nacional, no hay constatación de que la provincia haya sido convocada y participado de la audiencia pública tras la cual se dispuso el tarifazo”.
