La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó un proyecto que contempla cambios en la ley de alquileres y propone mejores condiciones para los inquilinos.
El titular de la Comisión, Daniel Lipovetzky, expresó que fue “un gran desafío lograr el consenso, ya que el tema genera muchas posiciones y tiene muchas aristas”.
“Es un gran paso para corregir los desequilibrios y los abusos que se vienen produciendo, sobre todo en la indexación, al prever una actualización a través de un índice que establece el costo de vida pero también los salarios”, señaló Lipovetzky.
El dictamen establece que los ajustes deberán efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). “El valor del alquiler ocupa cada vez una parte más importante del salario del trabajador”, agregó Lipovetzky al respecto.
El presidente de Legislación General también destacó diversos puntos del dictamen consensuado, por ejemplo, señaló que “la extensión del contrato de alquiler en tres años les da más certidumbre a los inquilinos”. El dictamen establece que las expensas extraordinarias son responsabilidad del propietario, reduce el depósito a un mes de alquiler y contempla diversas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, no sólo a través de la garantía inmobiliaria.
Sobre la postergación del tratamiento del proyecto, aclaró que “es la tercera vez que hemos dictaminado esta ley y hemos trabajado mucho». «Esta experiencia logró que ahora tengamos un dictamen único”, explicó el titular de Legislación General. El dictamen supuso un acuerdo entre cuatro proyectos presentados que llevan la firma de los diputados Lipovetzky (PRO), Felipe Solá (Red por Argentina), Agustín Rossi (FpV-PJ) y Silvia Horne (Movimiento Evita).
Otro de los puntos incluidos en el dictamen es el Programa Nacional de Alquiler Social. Al respecto expuso el Secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, quien consideró que “es algo muy novedoso, ya que la política habitacional en Argentina no incorpora ningún programa de alquiler social”.
“Muchas familias alquilan sin ninguna protección del Estado y, como solución, muchos países de la región han incorporado esta política pública. Creemos que el alquiler social tiene que estar incorporado en la política de vivienda moderna de Argentina”, dijo Kerr.
En el debate estuvieron presentes representantes del sector inmobiliario, así como a agrupaciones de inquilinos, quienes realizaron aportes a la normativa.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Federico López Castromil, consideró que es “una posibilidad histórica de lograr una ley consensuada de alquileres: así como está la ley estamos todos en contra, inquilinos, propietarios y los corredores profesionales”. “Estamos ante una situación muy complicada, los propietarios tienen la rentabilidad más baja de la historia y los inquilinos llegan con lo justo”, agregó.
López Castromil manifestó que “en algún momento deberíamos ocuparnos de la situación de los propietarios, la mayoría no son excéntricos magnates o oligarcas millonarios, son también argentinos, que apuestan e invierten en el país”.
El titular de la Cámara Inmobiliaria pidió “seducir a los propietarios y darles incentivo y desgravación impositiva”, así como “acelerar el desalojo en los pocos casos de inquilinos deudores”. En este sentido, López Castromil habló en representación de 30 mil profesionales en todo el país, de los cuales más del 95% son pequeñas inmobiliarias y empresas unipersonales.
En nombre de los inquilinos, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, hizo un repaso del proyecto de ley, presentado en marzo de 2016 y votado por unanimidad en el Senado, pero postergado desde entonces.
“Hoy vamos a celebrar el dictamen, pero sabemos que nos encontramos en la situación complicada de que haya sesión antes del 30 de noviembre, ya que el dictamen corre riesgo de caerse”, aseveró Muñoz. “Lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años en vivienda es realmente trágico para la gente que vive en la calle, para quienes fueron estafados con los créditos UVA, para quienes alquilan en hoteles y pensiones, para quienes alquilan en el mercado inmobiliario”, dijo.
Muñoz celebró que el contrato de alquiler tenga un mínimo de tres años y recordó que otros países legislan plazos mínimos de 5 a 7 años. También remarcó la obligación de registrar los contratos de alquileres en AFIP, “para que no haya contratos abusivos y que el Estado tenga información”.
El presidente de Inquilinos Agrupados dijo que actualmente “hay 9 millones de inquilinos que no saben cómo pagar el alquiler, el valor de la vivienda no para de aumentar y en Buenos Aires tenemos el metro cuadrado más caro de la región”.
Posteriormente, diputados de diversos bloques analizaron el dictamen de consenso y dieron sus puntos de vista sobre la ley. Jorge Enríquez, diputado del PRO, aclaró que “las leyes de congelamiento o que regulan los alquileres siempre terminaron siendo leyes nefastas, porque impidieron la concreción de emprendimientos inmobiliarios”. No obstante, Enríquez sostuvo que “la ley va a paliar la situación de la parte más débil: los inquilinos”.
Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria, manifestó “la satisfacción de estar a punto de conciliar un proyecto en un tema tan delicado”.
“No estamos regulando exclusivamente sobre una relación comercial, sino que estamos ocupándonos del acceso básico a un techo. Pongámonos en el lugar de quien alquila, una cosa es la rentabilidad y otra cosa es no saber dónde voy a vivir el mes que viene”, añadió Grana.
Desde el mismo bloque, la diputada Vanesa Siley recordó que se trata de “un problema de acceso a la vivienda digna, ese es el fundamento de la regulación y es parte de la Constitución”. “El Congreso por fin estaría cumpliendo con esa obligación de establecer una regulación que acerque la vivienda digna a 9 millones de personas”, resumió Siley, quien también criticó la concentración del mercado inmobiliario y su dolarización.
La diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, dijo que “estamos en una crisis habitacional en todo el país, se extiende a los que han ingresado a los créditos UVA y a quienes han pasado a alquilar en villas o vivir en asentamientos precarios”.
Sobre el dictamen, Del Plá consideró que “no deja de ser una aspirina frente a una epidemia, aunque por supuesto vamos a acompañar todo lo que sea un alivio para los inquilinos”.
El diputado Pablo Tonelli, del PRO, lo calificó como un dictamen “razonablemente equilibrado, que introduce soluciones adecuadas y justas para los inquilinos que suelen ser la parte débil en el contrato”. No obstante, puso reparos en que la actualización anual “va a conspirar contra el efecto de viviendas y va a retraer la oferta”. Además, propuso “volver a la actualización semestral y dejar abierta la posibilidad de que las partes acuerden un índice de actualización”.
La diputada Silvia Horne, del Movimiento Evita, autora de uno de los proyectos de ley, destacó el rol de Lipovetzky por la convocatoria y también recalcó “el piso común para debatir racionalmente y avanzar en niveles de acuerdo”.
Los diputados Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), Brenda Austin (UCR), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y Carolina Moises (Justicialista) también celebraron el dictamen y dieron su postura sobre el tema. Asimismo, Juan Cabandié (FpV-PJ) pidió realizar modificaciones en el recinto.
