El conflicto generado por el gobierno nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) testimonia el alarmante nivel de degradación que afecta al federalismo en Argentina. Policías de la Provincia de Buenos Aires asentados en la región metropolitana protestan por bajos salarios ante el gobierno nacional, cuando ellos son empleados públicos provinciales de Buenos Aires. El gobierno nacional toma como suyo el problema y decide sacarle recursos fiscales a una jurisdicción (CABA) para dársela a la que paga los salarios a los policías rebeldes (Provincia de Buenos Aires).
La medida fue planteada como una corrección de un decreto del año 2016 a través del cual se aumentó el índice de coparticipación de CABA en compensación por la transferencia de la policía de la Ciudad. Lo que se dispuso es que la mitad de esa asignación ahora la deje de percibir CABA y la pase a recibir la Provincia de Buenos Aires. Es decir, desde el punto de vista del interior del país sigue siendo una reasignación de recursos nacionales a favor de la región metropolitana. Nada les cambia a las provincias del interior.
El gobierno nacional afirma que es un acto de justicia redistributiva desde una jurisdicción rica hacia otra pobre. La pregunta es: ¿cuánta justicia distributiva aplica el Estado nacional con CABA? Para ello, sirve comparar la reasignación de fondos que dispuso alterando la coparticipación, con el volumen de recursos nacionales que se gastan dentro de CABA. Según datos del Ministerio de Economía del 2019 se observa que:
- El Estado nacional le quitó a CABA el equivalente a 0,1% del PBI.
- CABA quedará recibiendo vía coparticipación el equivalente a 0,3% del PBI.
- El Estado nacional gasta en CABA el equivalente a 4,4% del PBI.
Estos datos muestran que más que un acto de justicia redistributiva es una hipocresía. Se le quita a CABA una parte de lo que recibe por coparticipación, pero se mantiene todo el gasto público que se financia con recursos nacionales (o sea, de todos los habitantes del país) en beneficio de CABA. Esto incluye los gastos de la burocracia nacional asentada en Capital, los subsidios a los servicios públicos (luz, agua, gas y transporte) y el servicio de justicia. Estas erogaciones, que benefician a quienes viven en CABA, equivalen a 40 veces lo que le sacan de coparticipación.
El origen del problema es que las funciones estatales más importantes están a cargo de las provincias (educación, salud pública, seguridad, justicia) pero ellas reciben de manera automática solo el 40% del total de la recaudación (excluyendo la seguridad social). Esto genera un exceso de financiamiento a nivel nacional que permite, no solo sostener los privilegios a favor de CABA, sino también doblegar voluntades políticas. Una evidencia groseramente explícita es la solicitada firmada por 19 gobernadores titulada “Reducir desigualdades para una Argentina Federal” avalando el decreto presidencial. Dado que pasar coparticipación de CABA a Provincia de Buenos Aires no fortalece el federalismo, la única explicación para haber firmado esa solicitada es el sometimiento que genera el Estado nacional con la distribución discrecional de fondos nacionales.
La desproporcionada concentración de recursos a nivel nacional permite la discrecionalidad que induce la sumisión y la mediocridad de los líderes locales. Se resignan a firmar una solicitada incoherente en lugar de reclamar que la Nación deje de subsidiar la luz, gas, agua, cloacas, seguridad y justicia en CABA y el Conurbano bonaerense. Por migajas se silencia el planteo de que eliminando estas erogaciones sería posible mejorar la coparticipación de todas las provincias, no sólo las del área metropolitana.
El federalismo no se construye con acciones a lo “Robin Hood” sacando a las jurisdicciones ricas para darles a las pobres. Tampoco usando el exceso de financiamiento nacional para crear capitales alternas, financiar obras que son responsabilidad provincial o engrosando los programas nacionales en educación, salud o vivienda. La solución pasa por eliminar la coparticipación y que cada provincia recupere potestades de recaudación para autofinanciarse. En paralelo, contemplar un fondo de convergencia transitorio para acelerar el desarrollo de las provincias del Norte. Esta es la manera de pasar de la sumisión y la mediocridad a la responsabilidad, la autonomía y la innovación en políticas públicas.
* Informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
