La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se volvió a reunir en plenario, esta vez en Viedma (Río Negro), donde el tema central fue la gran preocupación por los incrementos tarifarios, e incluso respaldaron los planteos que viene realizando el ombudsman de Posadas, Alberto Penayo, respecto al aumento de la factura del servicio de energía eléctrica.
En la oportunidad los defensores del Pueblo manifestaron su acuerdo con el proyecto que recientemente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, y ahora espera su tratamiento en el Senado, para que las subas de las tarifas no puedan ser superiores a la proporción del incremento salarial.
“El razonamiento que intentamos lograr que la Nación entienda es que los costos de las tarifas de los distintos servicios no pueden ser confiscatorios para el usuario, es decir que una familia no puede resignar gran parte de sus ingresos pura y exclusivamente al pago de los servicios”, enfatizó Penayo.
“Si el salario mínimo vital y móvil no llega a 10 mil pesos, cómo esperamos que puedan hacer frente a estas subas en las tarifas, más teniendo en cuenta la situación de Posadas en particular y Misiones en general, incluso en todo el NEA, donde somos electrodependientes porque aún y ya casi pisando el 2020 es inconcebible que no haya llegado el servicio de gas en red”, recalcó el defensor del Pueblo de la Capital misionera.
En esa misma línea añadió “esto hace que tengamos un costo mucho más elevado por una calidad de vida muy inferior a la del país central”, y agregó que “por esta razón es que todos los defensores del resto del país acompañan nuestro planteo, porque entienden la delicada situación que viven los posadeños”.
Fundamentalmente, lo que reclaman los integrantes de ADPRA es una “tarifa social, la lógica de razonabilidad en los precios, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad, y que se establezca un acuerdo político para el plan de desarrollo energético nacional”.