El Bloque Parlamentario de Tierra, Techo y Trabajo presentó el jueves un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través de los legisladores nacionales por Misiones, se arbitren las medidas necesarias, para extender la prórroga de los plazos establecidos en la Ley 26.160 de Emergencia de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena de Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias que habitan en el país, prorrogados por tres leyes. La última tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de este año.
El pedido obedece a que todavía quedan más de 1000 comunidades para ser relevadas y registradas, y para lo que se necesita presupuesto.
Posteriormente vendría la cuestión de la propiedad comunitaria de las tierras para los pueblos originarios, que no se modificó sustancialmente desde la última prórroga sancionada en 2017.
Las comunidades necesitan un paraguas de protección, y por eso desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, presidido por Magdalena Odarda, insisten en que también es importante contar con una Ley de Propiedad Comunitaria, una deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios desde la reforma constitucional de 1994.
Necesidad de presupuesto
El diputado Jorge Páez del Bloque TTT, quien presentó este proyecto que tuvo preferencia, recordó en el recinto que la ley se sancionó en el 2006 y está en vigencia; tuvo una primera etapa de desarrollo importante donde se pudieron cubrir muchos conflictos que afectan a miles de familias indígenas que en su mayoría contaban con la posesión ancestral, pero sin que se les reconociera derechos hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
«Existen deliberaciones y propuestas sobre la prórroga; pero creemos que todas y todos nuestros legisladores nacionales, diputados y senadores deben aprobar el tratamiento de esta ley con urgencia para que no se venzan los plazos», advirtió.
Después de numerosas reuniones realizadas por agrupaciones campesinas indígenas, universidades y organismos de derechos humanos y desde la representación institucional de distintos pueblos originarios, «existe una voluntad política del Bloque del Frente de Todos de prorrogarla por cuatro años más; pero además les requerimos que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado, para afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún faltan relevar», sostuvo el legislador.
Hay más de 1000 comunidades sin registrar
Actualmente están registradas 1760 comunidades indígenas en la Argentina de 39 pueblos originarios de diversas etnias. Sin embargo, todavía más de 1000 de ellas carecen del proceso de registro de su parcela, del otorgamiento de esas propiedades y de sus derechos.
«Lamentablemente hubo un gran tiempo perdido durante gobiernos algunos más sensibles que otros, que aceptaron en su momento la prórroga de la ley; pero no otorgaron instrumentos al Estado como el presupuesto y la decisión política fundamental para que se avance en ese proceso».
Por eso la norma tuvo otras prórrogas; «pero en los últimos cinco años no se avanzó en la regularización de las comunidades que aumentó su número y que podría crecer porque entendemos que la territorialidad generalmente está en las zonas más alejadas, del interior profundo de nuestro país», manifestó Páez.
En Misiones hay un fuerte universo indígena que necesita esta ley para que la totalidad de las comunidades mbya guaraní puedan gozar de los derechos a la propiedad de sus tierras ancestrales.
Reconocimiento de derechos
Páez destacó que en la provincia, muchas veces la especulación inmobiliaria sumado al avance «impiadoso» de los agronegocios, la incorporación de los sistemas económicos «muchas veces brutales de la superficie de nuestra selva» provoca el desplazamiento y el hacinamiento de las comunidades.
Por todo esto sostuvo que es urgente prorrogar la Ley 26.160, un instrumento fundamental para los pueblos originarios de nuestro país que garantiza por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los desalojos de las comunidades.
Además se demanda presupuesto para que en un plazo razonable se realice un relevamiento técnico jurídico y catastral de los territorios, para que las comunidades indígenas de «nuestra provincia y del país, tengan sus derechos reconocidos y garantizados. Sin esta herramienta, las comunidades quedarán desamparadas ya que la norma pierde vigencia el próximo 23 de noviembre», enfatizó el diputado Páez.
