En la primera sesión presencial de la Legislatura provincial -después de más de un año y medio- se sancionó la prórroga por dos años de la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional hasta finales de septiembre de 2023. Tuvo la fundamentación del autor del proyecto, Martín Sereno (Bloque de Diputados Tierra, Techo y Trabajo), y del titular de la Comisión de Salud, Martín Cesino, quien consideró que es una herramienta muy importante que busca que las familias misioneras vulneradas en este tiempo de pandemia, tengan «nuestro acompañamiento porque es una ley integral que habla del derecho básico de la alimentación, pero también apunta a una educación y salud de calidad con igualdad de oportunidades», dijo.
Sereno agradeció a integrantes de la comisión que con un criterio empático, y conociendo la realidad que viven las familias misioneras más desprotegidas, acompañaron con el voto positivo el dictamen para que el proyecto pueda ser sancionado.
En el recinto, el legislador recordó que a fines de 2015 el país estaba cerca del hambre cero. Desde las organizaciones sociales y los movimientos populares a mediados del 2016 instrumentaron merenderos y comedores populares, debido a que las primeras medidas del macrismo ya mostraban el rumbo de sus políticas «generando el empobrecimiento de gran parte de nuestro pueblo, y eso fue creciendo de manera insostenible, a tal punto que a fines del 2019, la situación estaba ‘desmadrada».
Respuestas para un problema no resuelto
Sereno detalló que en los primeros merenderos «que organizamos» se acercaban a comer muchos niños y niñas; pero en 2019 la cantidad se multiplicó de tal manera que no había mercaderías que pudieran sostener «el hambre de tantas familias».
Esto -afirmó- no está resuelto y aunque en menor medida sigue pasando, hay que sumarle otros factores. Así fue que a mediados de 2019 «tomamos esa necesidad de nuestro pueblo y la transformamos en un Proyecto de Ley, y asumiendo la responsabilidad histórica que nos cabe a todos y todas, acompañamos la iniciativa sin especulaciones partidarias, fue sancionado por unanimidad. Y enseguida empezó la ejecución. Sabemos que sirvió y brinda algunas soluciones; aún cuando no son todas las que se esperan porque la situación se agravó. Pero también reconocemos que hubo una respuesta política a las condiciones sociales básicas insatisfechas», expresó.
Más del 20% de trabajadores formales son pobres
En su argumentación, el diputado enumeró que actualmente en la provincia, los movimientos y organizaciones sociales sostienen más de 500 espacios de comedores populares y merenderos donde miles de misioneros y misioneras dependen de esos alimentos, «algo que lamentamos, porque esas familias deberían poder comer en la mesa de sus hogares».
Sereno destacó que el año pasado cobraron el IFE 330 mil misioneros y misioneras, eso habla de una población desempleada y a la que no les llegan todas las respuestas. «Pero no sólo quienes no tienen un empleo formal están mal. En nuestro país, como consecuencia del macrismo y la pandemia, el 50% de los hogares no cubre la canasta básica. Y me refiero a trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de los registrados que trabajan en estamentos nacionales, provinciales, municipales y algunos en los sectores privados».
Remarcó que en 2017, el 20% de las y los trabajadores de empleos registrados eran pobres y eso aumentó. Generalmente cuando se habla de pobreza se piensa en quienes carecen de trabajos formales, en poblaciones rurales aisladas y sin posibilidad de producir. «Pero no, más del 20% de los trabajadores registrados y con empleos formales son pobres. Miren si será necesaria esta ley!», opinó.
La emergencia requiere optimizar recursos
Para el legislador, en estos dos años aprendieron mucho de la Ley de Emergencia Alimentaria: coordinaron con el gobierno provincial y con algunos municipios, articularon con instituciones y tuvieron el aporte del Colegio Provincial de Nutricionistas que se puso a disposición.
«También aprendimos que la implementación de esta ley debe ser mejorada, para eso se sancionó antes y se prorroga ahora. Si todos y todas tenemos esa voluntad política, debemos posibilitar que los recursos públicos que se destinan a ella rindan el 100%, y lleguen en tiempo y en forma a quienes lo necesitan, de lo contrario estamos desperdiciando recursos en una situación de emergencia. En ese sentido le pido a los Departamentos Ejecutivos municipales que apliquemos todo lo aprendido y se pueda mejorar, por ejemplo que cuando se reglamente la prórroga, nuestra propuesta es que se destine un mayor porcentaje a comprar alimentos que producen las familias productoras locales, porque de lo contrario, los recursos del Estado van a las grandes cadenas comerciales».
Diez empresas que generan inflación
El diputado de TTT afirmó que son diez empresas las que generan inflación y «hambrean a nuestro pueblo». Por ejemplo, en el aceite el 90% de la facturación nacional está concentrado en tres empresas que son formadoras de precios; en el rubro azúcar, tres concentran el 85% de la facturación; en la leche una firma concentra el 80%; en embutidos el 83% es de una sola empresa; en harinas son dos las que concentran el 82% y en pañales el 95% lo concentran dos empresas.
«Es por ahí que se va la plata. Si en esta prórroga que sancionamos como respuesta a miles de misioneros y misioneras, podemos optimizar, y en vez de destinar esos recursos a las cadenas concentradas, el Estado lo destina en un gran porcentaje a los alimentos producidos en la provincia, tendremos un gran avance porque creemos que la salida de esta crisis es con trabajo y producción, no con asistencialismo. Esa es la propuesta de nuestro espacio Tierra, Techo y Trabajo», enfatizó.
Sereno pidió que todas y todos «nos esforcemos, y cuando venza esta ley en septiembre del 2023 no haya que prorrogarla, porque eso significa que estamos en buen camino y la herramienta le sirvió a nuestro pueblo», aseveró.