En el espacio comunitario del Movimiento Evita, del barrio Lapachitos, de Posadas, se desarrolló la primera jornada para replicar la capacitación sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (Renabap), realizado por militantes del Evita y otras organizaciones sociales como Barrios de Pie y Libres del Sur, en la Universidad Latinoamericana de las Periferias (Ulpe), iniciativa de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular de la UTEP y la Familia Grande Hogar de Cristo, federación de centros barriales que acompañan territorial e integral a personas que viven en asentamientos y barrios populares de la Argentina.
A partir de ahí, el objetivo de las coordinadoras y mediadoras, Carla Pipke, de Garupá; Paula Ávalos, de Lapachitos y referente de Mujeres Valientes, y Lorena Britez, del barrio ex- Hipódromo, fue compartir entre las promotoras y familias de la zona, todo lo aprendido en los módulos sobre todo lo que implica el Registro de Barrios Populares, desde que se promulgó la Ley: como nació, los relevamientos que se hicieron, los fondos utilizados, los beneficios a los sectores populares, el acceso y demandas de las familias y qué cosas garantiza, etc, hasta la situación actual en esta etapa del gobierno de Milei, que paralizó los recursos, y se frenaron las obras de urbanización como las del Arcas, los Programas de Obras Tempranas, los Espacios de Primera Infancia, entre otras que quedaron inconclusos.
En Misiones hay unos 375 barrios relevados por el Renabap y 160 corresponden a Posadas, que fueron censados por las organizaciones sociales y Cáritas entre otros que trabajan territorialmente.
«Hay mucha preocupación entre los vecinos»
En el encuentro desarrollado en el parador del barrio Lapachitos, participaron el dirigente provincial, Martín Sereno; la referente de Género del Movimiento Evita, Florencia Fraga, trabajadora social e integrante de las Promotoras Micaela García; y las coordinadoras de diversos barrios posadeños, mediadoras y promotoras del Registro tanto del Evita y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y vecinos de la zona interesadas en la jornada.
«Tenemos pensado replicar el taller que hicimos en Lapachitos -donde trabajamos con materiales relacionados con la temática- en todos los barrios durante algunos meses, con el objetivo de clarificar la situación para que sus habitantes puedan entender porque hay mucha preocupación entre los vecinos y vecinos», explicó Carla Pipke.
Dio como ejemplo el caso de las 46 familias del asentamiento El Mangal, de la chacra 189 que estaban en situación inminente de ser relocalizadas justo en el cambio del gobierno nacional. «Sin embargo quedaron atrapadas entre las promesas incumplidas y la desidia estatal con el riesgo de que sus esperanzas de una vida digna queden truncas», señalaron Carla, Lorena y Paula.
Agregaron que aún con la instrumentación de «la motosierra de Miile», todavía se pueden hacer algunas cosas por intermedio de la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), como seguir censando en algunos puntos y que quienes cuentan con Certificados de Vivienda Familiar Renabap, otorgados por Anses, no dejen de reclamar por los servicios públicos que les corresponden.
«El Renabap garantiza derechos a un hábitat más saludable»
En la jornada desarrollada en Lapachitos, que es barrio Renabap, las vecinas y vecinos plantearon algunas dudas sobre la titularidad, los arreglos de calles, las conexiones de energía eléctrica, agua potable y cloacas, la ampliación a la inscripción y Certificados de Vivienda Familiar, y también expresaron su temor a posibles desalojos de los barrios censados por la Ley de Renabap.
El secretario general del Movimiento Evita, recordó que la Ley de Barrios Populares fue un avance significativo en la garantía de derechos para muchas familias históricamente marginadas.
«Seguimos trabajando barrio por barrio, organizando mesas informativas y charlas para que nuestro pueblo conozca sus derechos. Esta ley, que tanto esfuerzo nos costó conquistar, garantizaba un lugar propio y más habitable, y permitía la urbanización de casi 700 mil lotes y la construcción y ampliación de viviendas para más de 300 mil familias en todo el país. Aunque hasta ahora no hay políticas claras para este sector vulnerado, todavía queda mucho por hacer. Desde nuestro espacio continuaremos luchando para que cada argentino tenga un lugar digno y saludable para vivir», manifestó Sereno.
