Informe 1070 del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA): Se agudizan las controversias entre los economistas sobre la apreciación que está teniendo el peso respecto al dólar. La declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejando mayor flexibilidad en el control del tipo de cambio, lo cual sugiere mayor devaluación, alimenta la discusión. En este encendido debate se tiende a dejar en segundo plano el hecho de que lo que define la capacidad del país para competir con el mundo es la productividad. Centrar la atención en el tipo de cambio y no en los factores que determinan la productividad lleva a caer en el facilismo de buscar soluciones en las devaluaciones.
La productividad depende decisivamente de las transformaciones propuestas en el Pacto de Mayo. Hasta tanto estas reformas se instrumenten, la estrategia del gobierno es avanzar con la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) previsto en la Ley de Bases. Se trata de otorgar a las nuevas inversiones que superen los USD 200 millones tratamientos especiales en materia de impuestos, libertad para exportar e importar, acceso a dólares libres y estabilidad fiscal. Esto es cuestionado porque implica un trato de privilegio respecto al resto de los sectores.
Una referencia relevante para evaluar el RIGI es comparar la inversión en la Argentina en el contexto internacional. Según datos del FMI, en lo que va del presente siglo (2000 – 2023), se observa que:
- Los países emergentes de Asia (excluyendo China) tuvieron una tasa de inversión del 30% del PBI.
- Chile tuvo una tasa de inversión de 24% de PBI.
- Argentina tuvo una tasa de inversión de apenas 17% del PBI.
Estos datos muestran que la tasa de inversión de Argentina en la últimas dos décadas, comparada con la observada en otros países emergentes, es paupérrima. Es una evidencia concluyente de que es imprescindible promover una ola masiva de nuevos proyectos productivos. Aumentar la inversión es la vía para elevar la productividad y no depender de las devaluaciones para compensar la vulnerabilidad de la producción nacional frente a la competencia externa. La meta debería ser elevar la tasa de inversión para que se ubique en el orden del 25% al 30% del PBI.
¿Es el RIGI el instrumento adecuado para aumentar la inversión? Como principio general no es recomendable dar un tratamiento especial a un sector en desmedro de los otros, porque implica crear un enclave donde se disfrutan de condiciones que se le niegan al resto. El gobierno argumenta que, al incluir en el RIGI proyectos que tienen plazos de larga maduración, cuando se usufructúen sus resultados, las reglas más favorables del RIGI serán generalizadas a toda la economía. Aunque el razonamiento sea válido, no hay que perder de vista que el RIGI es, en el mejor de los casos, apenas un paliativo.
Para revertir el enorme déficit de inversión se necesita construir un ambiente amigable para todo tipo de inversiones, no solo para los grandes proyectos. Esto solo será posible con un ambicioso cambio institucional que está planteado en el Pacto de Mayo. Entre los puntos claves, el equilibrio fiscal con menor gasto público, un sistema tributario menos distorsivo, sustituir el régimen de coparticipación por uno de correspondencia fiscal, el ordenamiento previsional, la modernización de la legislación laboral, el establecimiento de reglas favorables para la explotación sustentable de los recursos naturales y una integración inteligente con el mundo. Si el sistema político diera señales claras de apoyo a estas transformaciones, rápidamente aumentaría la inversión.
Es recomendable ponderar las prioridades en el debate de políticas públicas. Por un lado, hay que relativizar la confianza en la política cambiaria como herramienta para preservar la competitividad y en el RIGI como instrumento para atraer inversiones. Por otro lado, enfatizar la importancia de las transformaciones que se enumeran en el Pacto de Mayo. Por eso, la postergación de su firma provoca daños que ni la política cambiaria ni la instrumentación del RIGI –ni ningún otro régimen de incentivos sectoriales– pueden compensar.
