Las normas integraron proyectos de distintos legisladores y contemplan, por un lado, la declaración de Capital Provincial de la Diversidad Productiva para Colonia Aurora y, por otro, la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en San Vicente, Montecarlo y Oberá.
Una de las leyes aprobadas instituyó a Colonia Aurora como Capital Provincial de la Diversidad Productiva, integrando de esta manera distintas iniciativas presentadas por los ex legisladores Marcelo Rodríguez y Pablo Lenguaza.
En la sesión, la diputada Elvani Goring , como miembro informante, dijo que “Colonia Aurora reúne tres factores fundamentales: suelo, clima y cultura de trabajo; y esas condiciones permiten que hoy sea uno de los municipios con mayor diversificación de la producción agropecuaria de la provincia de Misiones”.
“La diversidad de productos que se siembran, cosechan, elaboran, crían y comercializan refleja el trabajo y el vínculo de sus habitantes con la tierra. Además, cuenta con producción lechera y elaboración de quesos y otros derivados lácteos; y esta declaración servirá como una meta para seguir ampliando la diversidad productiva de las chacras, apuntando a mercados que demandan alimentos sanos y de calidad”, agregó la legisladora.
Manifestó que “el ejemplo de Colonia Aurora también puede servir para otras zonas de la provincia, demostrando que la diversificación productiva puede generar desarrollo y riqueza a partir del trabajo de las comunidades rurales”.
La otra norma sancionada estableció una ampliación de la estructura judicial en distintas circunscripciones de Misiones. En la Quinta Circunscripción, con asiento en San Vicente, creó un Juzgado de Primera Instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar, una Defensoría Oficial de Primera Instancia con esa misma competencia, un Juzgado Correccional y de Menores, una Fiscalía y una Defensoría Oficial en lo Correccional y de Menores.
En la Cuarta Circunscripción, con asiento en Montecarlo, creó un Juzgado de Instrucción, una Fiscalía de Instrucción y una Defensoría Oficial de Instrucción, con jurisdicción sobre Caraguatay, Puerto Piray y Montecarlo, además de los cargos correspondientes.
Para la Segunda Circunscripción, la ley creó un Juzgado de Instrucción con asiento en Oberá, junto con una Fiscalía de Instrucción y una Defensoría Oficial de Instrucción y en lo Correccional y de Menores.
La iniciativa reunió proyectos de los ex legisladores Gustavo González, Elsa Novoa, Héctor Pereyra Pigerl, Pablo Lenguaza, y Omar Olsson junto con el presentado por el diputado Carlos Rovira.
En los fundamentos de su proyecto, Rovira planteó que el acceso a la Justicia requiere la disponibilidad efectiva de canales institucionales que permitan proteger derechos y resolver conflictos de manera oportuna. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe adoptar políticas y acciones destinadas a facilitar ese acceso y remover las barreras jurídicas, sociales, económicas y culturales que puedan impedir el ejercicio pleno de los derechos.
También vinculó la necesidad de adecuar la estructura judicial con los cambios producidos por el crecimiento demográfico, económico y productivo de la provincia, y destacó los avances de Misiones en materia de acceso a la Justicia como parte de políticas orientadas a la inclusión social.
En el recinto, la legisladora Anazul Centeno, que ofició de miembro informante, explicó que esta iniciativa “no nace de una necesidad abstracta, sino del pedido concreto de intendentes que ven crecer sus comunidades y necesitan que la estructura judicial acompañe ese crecimiento. También surge de vecinos que todavía deben recorrer largas distancias para realizar una denuncia, iniciar un divorcio, tramitar una guarda o resolver conflictos familiares”.
“La norma busca acercar el servicio de justicia a la ciudadanía y dotar al Poder Judicial de herramientas en circunscripciones que hoy tramitan expedientes por encima de su capacidad, con una carga de trabajo que muchas veces compromete los tiempos de respuesta”, dijo.
Centeno explicó que “esta iniciativa se vincula con el proceso de reforma del Código Procesal Penal de la provincia y con la futura implementación del sistema acusatorio. Por eso, junto con los juzgados de instrucción y correccionales, también se crean las fiscalías correspondientes; la intención es anticipar una estructura judicial adecuada para un Ministerio Público que tendrá un rol cada vez más importante en la investigación penal”.
“Esta ley busca ampliar y fortalecer la infraestructura judicial allí donde existe una demanda concreta, verificable y sostenida en el tiempo, acercando el servicio de justicia a las comunidades del interior de la provincia», concluyó la diputada.
