La ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín, difundió hoy los resultados del Índice de la Percepción 2024. En ese marco, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza sus resultados y los compara con los obtenidos en los ciclos presidenciales previos.
- “Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha contra la corrupción, paradójicamente bajo la administración de un gobierno que prometió ser diferente. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional (TI) que lidera Dinamarca con 90/100, evidencia que la batalla contra ese flagelo ha mostrado nulos progresos durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei, a punto tal que no sólo iguala el pésimo indicador del último año de la gestión del ex presidente Alberto Fernández (IPC 2023), de apenas 37/100, sino que desciende un lugar al puesto 99° (entre 180 países) porque otros mejoran”.
- “El país se mantiene así en el fondo de la tabla de posiciones, entre el pelotón de los países latinoamericanos más relegados, aunque ligeramente mejor que otros que acentuaron la caída de su puntuación, como Brasil 34/100 (-2), Ecuador 32/100 (-2), Perú 31/100 (-2), Bolivia 28/100 (-1), México 26/100 (-5) -constituyendo la mayor caída-, Paraguay 24/100 (-4) -la segunda mayor caída- y Venezuela que cierra el lote con apenas 10/100 (-3)”.
- “Sin embargo, la Argentina se ubica muy por debajo de los líderes indiscutibles de la transparencia sudamericana que siguen siendo Uruguay que avanza 3 puntos con un marcador de 76/100 y trepa al puesto 13°/180 y Chile que desciende 3 puntos con un score de 63/100 pero aún dentro de una buena actuación ocupa el sitio 32°/180”.
- “América se muestra con corrupción generalizada, marcadas polarizaciones y experiencias rayanas al populismo, que han provocado que el promedio del continente descienda a 42/100 (-1), marca que de todos modos supera con holgura la magra performance argentina del 2024.”
- “Dado que las puntuaciones del IPC de TI, sólo pueden confrontarse a partir de 2012 de manera fiable año tras año, la medición para el caso argentino arranca en el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que es el primero que puede incorporarse a la comparación. En ese período de gobierno, la ex mandataria arrancó con 35/100 para despedirse de su gestión con un misérrimo 32/100 que se constituye en el puntaje más bajo de la serie. Es decir que su administración perdió entre 2012/2015, en su desempeño nodal, 3 puntos en el indicador global y cayó del puesto 102° al 106°”.
- “El ex presidente Mauricio Macri fue el único mandatario que elevó las marcas del indicador de Transparencia internacional, año tras año, hasta mejorar 13 puntos en su periodo central de gobierno (2016-2019) desde los 32/100 de puntuación heredados de Cristina Fernández de Kirchner, a los 45/100 con que cerrara su gestión (el más alto de la serie). En su mandato la Argentina escaló del puesto 106° al 66° subiendo 40 lugares, obteniendo un modesto aprobado que, al menos, consiguió sacar a la Argentina de la constante y vergonzante desaprobación. Buena parte de esa mejora se debió al efecto OCDE y a las exigencias y presiones de aquella organización de cooperación internacional para que Argentina sancionara una batería de leyes imprescindibles para cumplir con la aspiración del país de ingresar a la misma.”
- “El mandato del ex presidente Alberto Fernández se constituye en el de mayor caída en el Indicador de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, perdiendo 8 puntos en sus cuatro años de gobierno (2020-2023) pasando de 45/100 a 37/100 y llevando al país durante su presidencia del puesto 66° al puesto 98°, licuando los leves y progresivos esfuerzos de la administración anterior”.
- “El inicio de la gestión de Javier Milei mantiene aplastada a la Argentina a los valores de más de una década atrás, sosteniéndola en su paupérrimo promedio histórico en la batalla contra la corrupción –que para este indicador- se sitúa en 37,5/100”.
- “En síntesis, el marcador alcanzado durante el primer año de la gestión libertaria (37/100), no dista mucho del que obtuviera Cristina Fernández de Kirchner en el primer año de su segunda gestión (35/100).”
- “Argentina carece de manera sistemática y transversal de una política pública anticorrupción clara, contundente, perdurable y eficaz, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color y humor político de turno y las órdenes emanadas por el poder ejecutivo. Vale como demostración la reciente orden del gobierno impartida a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) de retirarse de todas las causas judiciales en que dichos organismos se habían constituido en parte querellante por delitos cometidos en perjuicio del Estado, poniendo incluso en riesgo la continuidad de algunos procesos”.
- “La Oficina Anticorrupción es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales faltan o llegan a destiempo. No existe un organismo independiente que pueda monitorear la corrupción gubernamental en tiempo real. Asimismo las privatizaciones que se promueven se dan en un marco de debilidad de los organismos de control”.
- “El aplazo de Milei no sorprende, en tanto la calidad institucional ha profundizado su deterioro durante el primer año de su gestión. Una serie de acciones que -inadvertidas por el gran público- comenzaron siendo llamados de atención, pasaron a consolidarse como un modo arriesgado de ejercer el poder. Sucediéndose desde la jura de ministros a puertas cerradas por primera vez en 40 años de democracia, la dispensa y tolerancia para nombrar familiares dentro del gobierno, la designación de funcionarios con causas pendientes de resolución ante la justicia, la falta de voluntad para explicitar el listado de clientes del presidente y sus ministros -previos al acceso al poder-, la nominación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación de uno de los jueces más cuestionados de los que se tenga historia, la amenaza de designar a los postulantes del Poder Ejecutivo al Máximo Tribunal por decreto y en comisión, salteando el rol del Senado y el procedimiento expresamente establecido, sólo por nombrar algunos ejemplos”.
- “En sentido opuesto no puede dejar de observarse que entre las famosas leyes anticasta no existe referencia alguna a un proyecto que promueva el dictado de una nueva ley de ética pública, algo que tampoco pusieron entre sus prioridades sus antecesores Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. La vetusta ley vigente ha demostrado ser completamente ineficiente para regular -de manera efectiva y punitiva- las conductas reprochables de los funcionarios públicos, o impedir los conflictos de intereses, o disuadir la tentación de hacer negocios con empresarios amigos. No resulta casual que estemos frente a uno de los gobiernos con mayores casos de conflictos de intereses, que abarcan áreas tan diversas como salud, minería, petróleo y gas, entre otras. En síntesis, no se ha impulsado una ley de ética pública que regule conductas y obstruya la captura del estado por grupos poderosos con capacidad de producir normas jurídicas favorables a sus intereses”.
- “Tampoco la nueva administración mileista, al igual que sus antecesores, ha demostrado tener entre sus prioridades el interés por la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, máximo contralor instituido por la Constitución reformada de 1994 y que se encuentra vacante hace más de 15 años (desde 2009). Al respecto vale –como ejemplo- resaltar la preocupación y los pedidos de “transparencia” reclamados por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de algunos grupos en competencia, para el proceso licitatorio y posterior adjudicación de la denominada Hidrovía Paraná- Paraguay”.
- “Entre las claves del estancamiento de la lucha contra la corrupción, bajo la nueva conducción de Milei, resaltan las restricciones impuestas a la Ley 27.275 de acceso a la información pública (y a su decreto reglamentario) establecidas por el decreto 780/2024, que incorpora numerosas excepciones al principio general de máxima publicidad, las que por su amplitud y generalidad podrían facilitar a los funcionarios incumplir con su obligación de proveer información. Esta peligrosa regulación sucede -llamativamente- en medio de un gobierno que se jacta de blandir la bandera de la desregulación. En palabras de Transparencia Internacional: “Las crecientes restricciones a la información y participación pública son uno de los obstáculos más importantes en toda la región. En Argentina, un nuevo decreto definió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la gente a la información, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del poder ejecutivo a las solicitudes de información disminuyó”.
- La responsabilidad de esta debilidad construida no es únicamente del poder ejecutivo. Cada uno de los otros poderes conlleva su peso en el resultado frustrante de la lucha contra la corrupción El parlamento argentino, por caso, fue expuesto en la vidriera social con la detención del ahora ex Senador Kueider quien votara como aliado del oficialismo; a lo que se suman las actitudes sospechosas de algunos diputados que aparecieron votando a favor de una ley opositora y apenas unos días después -y sin pudor- apoyando el veto de la misma por parte del oficialismo; la delegación de facultades propias; la ausencia de información sobre buena parte de las decisiones administrativas y las disposiciones firmadas por las presidencias en ambas Cámaras; más el otorgamiento de cargos en organismos, instituciones y embajadas por parte del poder ejecutivo a familiares y amigos vinculados a legisladores y gobernadores, no hacen sino enredar aún más la madeja del oscurantismo. Coronando este fracaso, aparece el poder judicial (especialmente la justicia federal) el que, con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular avanza a regañadientes con condenas a ex funcionarios, las que por su escasez no lograrían disuadir las tentaciones de incurrir en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder”.
- “Las tendencias evidenciadas por el gobierno de Javier Milei, imponen advertencias para el 2025, ante lo que podría constituirse en un creciente deterioro institucional. El gobierno que exhibe logros en otros ámbitos, corre el peligro de ahondar el socavamiento de principios republicanos básicos, la profundización de la ausencia de información y de rendición de cuentas, la inobservancia de ciertas disposiciones constitucionales, y los ataques a la prensa y a periodistas independientes -y de investigación- que podrían leerse como intentos de coartar la libertad de expresión”.