Informe 1019 del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA): La Coparticipación Federal de Impuestos es un mecanismo a través del cual el Estado nacional recauda la mayor parte de los impuestos para luego distribuirlos entre el nivel nacional y el conjunto de las provincias (distribución primaria) y entre las provincias (distribución secundaria). Para tener una idea de órdenes de magnitud, la presión tributaria total se ubica en el orden del 30% del PBI, de los cuales 25% del PBI son impuestos nacionales y 5% del PBI impuestos que cobran directamente las provincias. Además, las provincias reciben aproximadamente 8% del PBI por la vía de la coparticipación.
Que las provincias reciban más plata por la vía de la coparticipación que por recaudación propia es sumamente relevante. La coparticipación no solo genera profundas distorsiones en la distribución de los fondos públicos (la más notable es la exagerada transferencia de recursos desde la provincia de Buenos Aires a las provincias del norte), sino que además distorsiona los incentivos de los gobiernos provinciales.
Dejando de lado Tierra del Fuego, las tres provincias más beneficiadas por la coparticipación son Catamarca, Formosa y La Rioja, en ese orden. Reciben, por habitante, casi 3 veces más que el promedio de las provincias. Pero, según el Censo 2022, se observa que:
- En Catamarca el 23% de los hogares no tiene piso de material, el 45% no tiene cloacas y el 81% no tiene gas de red.
- En Formosa el 38% de los hogares no tiene piso de material, el 58% no tiene cloacas y el 97% no tiene gas de red.
- En La Rioja el 19% de los hogares no tiene piso de material, el 38% no tiene cloacas y el 83% no tiene gas de red.
Estos datos muestran que, luego de 35 años de vigencia de la ley de coparticipación, las tres provincias más beneficiadas mantienen a gran parte de su población viviendo en hogares sin piso, sin cloacas y sin conexión al gas de red. Como referencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los hogares que no tienen piso son el 2%, los que no tienen cloacas son el 1% y los que no tienen gas de red son el 6%. La comparación se refiere a las situaciones más extremas, pero en el resto del país también se observa que recibir más fondos de la coparticipación no genera más desarrollo. Las evidencias muestran que la coparticipación es ineficaz para revertir las asimetrías de desarrollo regional.
La coparticipación saca recursos a las regiones más productivas del centro y sur del país para redistribuirlos a la región del norte que es la menos desarrollada. Esto aparenta ser un mecanismo de solidaridad geográfica. Pero, en la práctica, opera como un mecanismo de empobrecimiento general y de ampliación de las brechas de desarrollo. La razón es que quienes más plata reciben de la coparticipación más tentaciones tienen de usar esos fondos para aumentar el empleo público y otras acciones clientelísticas que les permitan perpetuarse en el poder. El subdesarrollo de las provincias del norte no es culpa de las dirigencias locales. Es culpa de los incentivos que impone la coparticipación.
El camino más directo para cambiar los incentivos es eliminar la coparticipación. Esto lleva a volver al esquema originalmente previsto en la Constitución Nacional de distribución de las fuentes tributarias. El Estado nacional debería financiarse con el impuesto al comercio exterior, a los ingresos y a la seguridad social. Cada provincia debería financiarse con el impuesto a las ventas, que resulte de unificar el actual IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales, que se genere en su territorio. Esto cambiará radicalmente los incentivos. Quien gasta tiene primero que recaudar y para recaudar, antes, tiene que promover la generación de valor agregado en su territorio.
La coparticipación benefició a los dirigentes de las provincias más pobres y empobreció a su población. Por eso, a manera de reparación histórica, es recomendable contemplar un Fondo de Convergencia. Recursos aportados solidariamente para que las provincias más pobres ejecuten un plan de desarrollo. El Fondo debería operar como una transferencia condicionada, no como un “cheque en blanco”, como es la coparticipación.
