Los datos oficiales señalan que la desigualdad aumenta. Esto a pesar del enorme despliegue de asistencialismo. La razón es que la pérdida de empleos no se compensa con ayuda social. Además, porque los planes asistenciales necesitan alta capacidad de gestión, principal carencia del Estado argentino.
El Coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad. Adopta valores entre 0 y 1. En una sociedad igualitaria tiende al 0 y muy desigualitaria a 1. Para tener un punto de referencia, los países europeos avanzados tienen Coeficientes de Gini en el orden de 0,25 – 0,30. En Argentina, el INDEC informó recientemente que este indicador fue de 0,443 en el 3º trimestre del 2020. Antes de la actual crisis, en el 3º trimestre del 2017 este indicador era de 0,427. Esto significa que con la crisis cambiaria y de la pandemia, la desigualdad en Argentina, que ya era alta, va en aumento.
El actual gobierno se fijó como meta reducir la desigualdad. Apenas asumió puso en ejecución el Plan Argentina contra el Hambre con el cual se busca garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria. Luego, en el marco de la pandemia, hubo una masiva distribución de otras ayudas asistenciales como adicionales sobre la Asignación Universal por Hijo y las tarjetas alimentarias y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La pregunta que cabe hacerse es por qué aumenta la desigualdad con semejante despliegue de ayudas asistenciales. En este sentido, sirve observar otros indicadores que ofrece el INDEC. Según esta fuente se observa que:
- Los hogares indigentes están integrados en promedio por 4,7 miembros.
- Antes de la crisis, por cada indigente que trabajaba, había 2,6 que no trabajaban y ahora por cada uno que trabaja hay 4,5 que no generan ingresos laborales.
- Antes de la crisis, por cada persona indigente con ayuda social había 1,7 que no recibía ayuda; ahora, por cada persona asistida, hay 1,9 que no recibe ayuda social.
Estos datos muestran que las ayudas asistenciales están lejos de reemplazar la pérdida de empleos. Los hogares que en el 3º trimestre del 2020 están en la indigencia son aquellos que los generadores de ingresos perdieron sus empleos y tienen muchos miembros que alimentar. En segundo lugar, que la asistencia social requiere, además de recursos públicos, mucha gestión para llegar a los hogares indigentes y a aquellos que por la pérdida de empleos están cayendo en la indigencia. Se sabe que el Estado argentino, en sus tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), tiene carencias de recursos, pero las mayores carencias están en su capacidad de gestión. Por eso, por más que se multiplique la ayuda social, muchos hogares persistirán en la pobreza e indigencia.
Hay varios hechos que muestran la muy baja capacidad de gestión en la asistencia social del sector público argentino. Una es la incapacidad de controlar las condicionalidades de salud y educación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto se explica por el arcaico método utilizado por la ANSES: una libreta en formato papel que luego se transformó a soporte digital pero que sigue la misma lógica que el papel. Nunca se logró acordar con las provincias la digitalización de la matrícula escolar y los controles en los centros de salud. Prueba de la ineficiencia es que desde el 2017 no se controla la presentación de la libreta. Peor aún es el caso de personas que quedan excluidas de la asistencia social por no tener documento de identidad debido al mal funcionamiento del Registro Civil.
Otro hecho sintomático de la falta de capacidad estatal para el manejo de la ayuda social es la creciente dependencia de las organizaciones sociales para la gestión de los planes. En lugar de generar una institucionalidad de coordinación entre el gobierno nacional, provincial y los municipios para que éstos últimos releven y gestionen la ayuda asistencial entre la población indigente, se generan vínculos políticos con organizaciones sociales para distribuir la ayuda asistencial. Esta intermediación beneficia a las organizaciones, por el poder que les da el manejo de recursos públicos sobre sus seguidores, pero se pierde la garantía de que los recursos asistenciales lleguen a los hogares más vulnerables.
La indigencia es la última fase de degradación de la pobreza. Hogares que no les alcanza ni para comer. Esto se puede paliar con asistencia social administrada con profesionalidad y sin la captura por parte de las organizaciones sociales. Pero la solución de fondo pasa por estimular a las empresas a generar más empleos de razonable productividad.
* Informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
