De acuerdo a un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la aceleración de la inflación, la profundización de la escasez de dólares oficiales y el insostenible crecimiento de las Leliq hacen inevitable abordar el equilibrio fiscal. Seguir posponiendo decisiones recrudece la inflación. Esto no se resuelve con los ajustes tradicionales como licuar jubilaciones manipulando la movilidad, demorar pagos a proveedores, posponer inversiones en infraestructura o crear nuevos impuestos. Se necesita un ordenamiento integral del Estado que, basado en una mejor organización del sector público, permita alcanzar un equilibrio fiscal sustentable junto con una mayor eficiencia en la gestión pública.
El desafío comprende el ordenamiento tributario, previsional y funcional. En relación a repensar las funciones del Estado, un tema ineludible es el de las empresas públicas que administra el Estado nacional. En el Presupuesto 2023 se identifican 33 empresas de propiedad del Estado, de las cuales 24, por ser deficitarias, demandan subsidios del Tesoro. Además del déficit financiero, muchas de ellas gozan de privilegios tributarios y regulatorios que les permiten eludir la competencia y/o distorsionar el mercado en su favor.
Considerando solo el aspecto financiero, aparece como un tema muy relevante los recursos públicos que las empresas del Estado consumen a través de subsidios del Tesoro nacional. Según el Presupuesto 2023 se observa que:
- Los subsidios a las empresas públicas ascenderán a 1,2% del PBI en el 2023.
- A la Asignación Universal por Hijo (AUH) se le asignará un 0,5% del PBI.
- Al Programa Alimentar se destinará un 0,3% del PBI.
Estos datos muestran la dimensión de los déficits de las empresas del Estado. La magnitud y regresividad quedan plasmadas en el hecho de que se va a gastar más en sostener a las empresas públicas que en el desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad social. Es muy difícil justificar el uso de recursos públicos para sostener la producción de determinados servicios. Pero es imposible hacerlo cuando se destinan más recursos a las empresas públicas que a los hogares pobres donde viven más de la mitad de los niños en Argentina.
Hay que distinguir los diferentes destinos que tienen los subsidios a las empresas públicas. En algunos casos prevalece el objetivo de sostener tarifas artificialmente bajas. Por ejemplo, los subsidios a ENARSA para importar gas y reducir el costo que se paga por el consumo de energía, a AySA para bajar la tarifa de agua y cloacas en el AMBA y a las seis empresas de trenes para disminuir el boleto, fundamentalmente en AMBA. A estas empresas se destina el 1% del PBI. En otros casos, los subsidios son principalmente apropiados por los empleados y contratistas. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Correo, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras, que consumen el restante 0,2% del PBI. A esto hay que sumarle exenciones tributarias y regulaciones que les permiten cobrar más caros sus servicios a los consumidores.
También son diferentes los desafíos que plantean estas diferentes tipologías de subsidios. Los subsidios destinados a reducir tarifas se corrigen con más racionalidad en el manejo de la política tarifaria. La regla general debería ser que las empresas cobren por sus servicios los costos que demandan producirlos y limitar la asignación de fondos públicos a financiar una tarifa social para que los hogares de menores ingresos accedan a consumos básicos. Cuando los fondos públicos son para subsidiar a los empleados y proveedores de las empresas corresponde forzar cambios de gestión. En otras palabras, es necesario acotar la asignación de fondos públicos a sostener un esquema de tarifa social y eliminar los subsidios para el consumo de hogares de ingresos medio y altos y para sostener la ineficiencia de las empresas del Estado.
Usar fondos públicos para subsidiar empresas publicas carece de racionalidad, equidad y sustento ideológico. La razón es que hay destinos mucho más prioritarios dentro del presupuesto público. Solo son tolerables empresas publicas cuya eficiencia les permite ser autosustentables. Si esto no se puede lograr, corresponde –como hizo el ex presidente Mujica con Pluna (la aerolínea de bandera de Uruguay)– cerrar la empresa.
