La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), que nuclea los reclamos de las estaciones de servicio, entre otros actores económicos, podía llevar a cabo la medida que plantearon en diciembre del año pasado, la cual consiste en dejar de prestar servicio si el cliente pretende pagar con tarjeta de crédito, es decir, prohibir ese medio de pago.
En medio de la evaluación prohibitiva, CECHA espera que se concrete una reunión en el mes de febrero donde decidirán sobre la medida que implica a las estaciones de servicio. Esta iniciativa, que afecta a las surtidoras de acuerdo a CECHA, mediante la publicación de un comunicado, se debe a “los perjuicios provocados diariamente debido a los plazos de acreditación y las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos (tarjetas de crédito).
Así, las estaciones de servicio se encuentran en el lineamiento de solo aceptar como medio de pago el dinero en efectivo, aplicaciones que transfieran de manera automática o tarjetas, pero de débito. Aun así, Gabriel Bornoroni, presidente de CECHA dijo que existen posibilidades de que la medida prohibitiva no se lleve a cabo si es que el problema es resuelto a la brevedad.
“En la parte judicial, ya hay una sentencia que nos da la razón. La gente de las tarjetas de crédito la apela, pero hay un fallo a nuestro favor. Además, en los países limítrofes están en sintonía con lo que pedimos, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar más?”, destacó el titular del organismo que junta los reclamos de los establecimientos de combustibles.
En cuestión netamente de ganancias para las estaciones de servicio y las ganancias de los entes emisores de tarjetas de crédito, Bronoroni explicó que los establecimientos surtidores obtienen una ganancia bruta del 8%, luego de la aplicación de los impuestos queda en 2,5% neto, y finalmente, los bancos se quedan con el 1,5% sobre el monto total.
Cabe recalcar que en los países vecinos, la comisión que se llevan las tarjetas de crédito es del 0,5%, un punto porcentual menos que en la Argentina, y, mientras que en nuestro país la acreditación se lleva a cabo en 15 días, en Brasil o Uruguay hay un plazo máximo de 48 horas.
Fuente: DERF (Agencia Federal de Noticias).
