La Educación Emocional será incorporada en el diseño curricular de manera sistemática y transversal, tanto en el ámbito público como en el privado. Se abordarán temáticas como autoestima, autoconciencia, autoconocimiento, autocontrol y empatía. Se reconocerán las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual. Y se integrarán los recursos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La ley, sancionada esta semana por la Cámara de Representantes, crea una comisión transdisciplinaria que será la encargada de capacitar a los docentes, diagnosticar la salud socio-emocional de la institución educativa y promover técnicas de aprendizaje e interacción en relaciones intra e interpersonales; entre otras funciones.
La norma aprobada integra el proyecto presentado por los diputados María Inés Rebollo y Carlos Rovira con otra propuesta presentada por el ex legislador Raúl Revinski. La diputada fundamentó su propuesta refiriéndolo al “proyecto misionerista”, el cual “demuestra una vez más sus ansias por continuar a la vanguardia, en ‘educación’, considerando indispensable la enseñanza de la ‘educación emocional’ en la currícula de todos los niveles educativos”, según expresó en los fundamentos.
Para Rebollo, la educación emocional y la inteligencia emocional son “una valiosa ayuda para encarar con mayores posibilidades de éxito los retos a que se enfrenta el sistema educativo”.
El concepto de inteligencia emocional fue trabajado por Daniel Goleman y otros autores, quienes sostienen que “gran parte de nuestras acciones y de nuestra toma de decisiones se apoyan en el procesamiento afectivo”. Para este enfoque, lo afectivo y lo cognitivo no son elementos disociados o contrapuestos, sino que “se apoyan entre sí para facilitarnos la adaptación”.
“Debemos educar a nuestros hijos para ser felices, para que el gobierno de sus sentimientos sea su aliado desde sus primeros años de vida, creando una sociedad de jóvenes exitosos más justa para los misioneros”, concluyó la legisladora.
Presupuestos 2019
En la sesión tomaron estado parlamentario los presupuestos para el próximo año, correspondientes a los poderes del Estado provincial.
En el proyecto de ley del Presupuesto General para la Administración Publica Provincial se estima en 67.225.502.000 pesos el total de erogaciones para la Administración Central, organismos descentralizados, Poder Judicial y Tribunal Electoral; correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, diputado Marcelo Rodríguez, consideró que “lo más importante es que se ha mantenido la gran inversión social que hace el Gobierno de Misiones y que tiene que ver con la educación, destinando un 30,57 por ciento; también un 13,86 por ciento será destinado a la salud pública; y un 12,34 por ciento al desarrollo social”, informó. “Estamos en épocas de ajuste, sin embargo en la provincia de Misiones no vamos a ajustar a ninguno de los sectores sociales”, enfatizó.
“Este presupuesto contempla el 21,85 por ciento destinado a la obra pública, porque la consideramos dinamizadora de la economía y de la sociedad, porque genera genuinamente una gran cantidad de mano de obra”, expresó Rodríguez.
El gobernador Hugo Passalacqua, en el expediente remitido a la Cámara, resaltó la “concepción misionerista” que permite tener “un estado provincial fuerte, responsable, organizado y con las cuentas equilibradas”, siguiendo “el mandato de nuestro espacio político, como lo venimos haciendo desde 2003”.
Afirmó que el presupuesto se basa en “previsiones austeras, responsables y cumplibles, destinando más de la mitad del presupuesto al gasto social, procurando generar trabajo y a la vez sosteniendo lo máximo posible la obra pública”.
En tanto, la Cámara de Representantes estableció en 825.037.000 pesos las erogaciones de su presupuesto de gastos para el ejercicio financiero del año próximo.
Con esta cifra, el Poder Legislativo prevé un incremento del 19,82 por ciento respecto del año en curso, manteniendo en 1,26 por ciento el porcentaje de participación en el presupuesto de la Administración Pública provincial.