En Casa de Gobierno se realizó la primera reunión conjunta entre autoridades del Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales, para avanzar en la reglamentación de la flamante Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional.
Fue convocada por el Gobierno provincial y en representación del vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad -de viaje oficial en el exterior- la presidió el titular a cargo del IPS, Carlos Omar Arce, vicegobernador electo.
La semana pasada el encuentro fue con el gobernador Hugo Passalacqua y autoridades de los organismos que formarán parte del nuevo Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Esta vez la convocatoria fue ampliada con los referentes de las organizaciones sociales que trabajan en territorio, y tratan de contener el hambre de las familias en un contexto de pobreza, en barrios de Posadas y del interior de la provincia.
Precisamente, la Ley establece que en el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria se incluya a tres representantes de organizaciones y movimientos sociales.
Amplia participación
La reunión de trabajo encabezada por el doctor Arce, junto al ministro de Coordinación General de Gabinete, Adolfo Pischik contó con la presencia de las ministras de Derechos Humanos, Lilia «Tiki» Marchesini y de Cultura y Educación, Ivonne Aquino; y de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor.
En representación del ministro de Salud Pública, estuvo el subsecretario de Salud, Germán Bezus; y de Agricultura Familiar, el subsecretario de Desarrollo Productivo, ingeniero agrónomo, Otto Goritz.
Además del subsecretario de Protección Civil de la provincia, Enrique Parra, la directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), Silvana Labat y el director de Sistemas e Información Geográfica, arquitecto Martín Recamán.
Representación de movimientos populares
De la reunión ampliada participaron el diputado -autor de la Ley- y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita, Martín Sereno, los dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Graciela De Melo; del RENABAP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Laura Dos Santos; además de La Poderosa; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Popular La Dignidad; Barrios de Pie; la Corriente Peronista Descamisados y la Tupac Amarú.
Una vez afinado el mapeo de los lugares donde los movimientos sociales trabajan territorialmente con las familias carecientes, deben elegir quiénes serán los tres representantes de las organizaciones para el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria. Con esa premisa, este miércoles se volverá a reunir la mesa de trabajo, ya que el Gobernador instó a su gabinete que avancen en la tarea junto a las organizaciones sociales, considerando la oportuna sanción de la Ley.
Contener a los misioneros destinatarios de la norma
El coordinación general de Gabinete, Adolfo Pischik reconoció que la emergencia alimentaria se transformó en Ley gracias a la lucha de las organizaciones sociales.
Explicó que se prevé un incremento del 50% las partidas específicamente para alimentos que se distribuirán en todo el territorio. «Algunas ya cuentan con parte de esas partidas, por lo tanto queremos conocer entre todos qué tenemos para llegar a los misioneros y misioneras destinatarios de la Ley que son los lactantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y discapacitados que conforman la línea más vulnerable de nuestra población, y el Estado pondrá todo lo que tiene, fortaleciendo los lugares.
Creo que esta Ley nos da la posibilidad de trabajar codo a codo y hacer la sinergia suficiente para ser lo más eficientes posibles para cumplir con lo que dice la norma», afirmó el funcionario.
«La Ley se logró por la lucha activa de las organizaciones»
El vicegobernador electo, Carlos Arce, consideró que para solucionar el problema de hambre, hay que sumar nuevos factores de la población, como dice la Ley, que implica ocuparse de las personas enfermas y de los niños y niñas.
«Sabemos que hay poblaciones de riesgo y el mayor peligro es la malnutrición. Por eso, bienvenido sea el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que tuvieron una lucha activa para lograr la Ley. No sólo Misiones es la primera en contar con esta herramienta, sino que también tenemos a las organizaciones que recorren la provincia y tienen el conocimiento y la información para que los recursos del Estado lleguen a las personas que realmente lo necesitan», manifestó.
El compromiso del Poder Ejecutivo con los movimientos sociales es trabajar juntos para que con el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional se pueda solucionar la emergencia alimentaria en estos 24 meses.
«Esto trasciende al 10 diciembre y pretendemos que llegue a todos y todas. No al bolsillo sino a la boca de los y las misioneras que lo necesitan porque más allá de los números existen personas, que si nosotros como Estado no actuamos, no podrán tener la nutrición y la alimentación adecuada. Es nuestra prioridad», afirmó Arce.
Misiones tiene un 36% de pobres
La directora del IPEC, detalló los números de pobreza en la provincia: «Trabajamos en mediciones sobre la pobreza, no como mide el INDEC, sino que hacemos una medición aparte que es la pobreza estructural multidimensional, por lo tanto siempre nuestros números son mucho más altos que los del INDEC.
El último dato que manejamos es del primer trimestre del 2019, y nos dio un 36% de pobres. La pobreza aumentó 2,9% entre el cuarto trimestre del 2018 al primer trimestre del 2019, y también subió la indigencia en un 0,5%; pero como tenemos una inflación que sobrepasa la interanual, el 57,8%. El rubro que más sufrió ese aumento interanual, un 60%, son alimentos y bebidas alcohólicas. La canasta básica alimentaria, ya lo saben todos, es 14.000 pesos que son los ingresos que debe tener de ingreso una familia tipo para poder cubrir las necesidades básicas, solo alimentarias en Misiones», dijo la contadora Labat.
«Trabajamos donde el Estado no llega»
El secretario general de la CTEP, Martín Sereno celebró la voluntad conjunta entre Gobierno y organizaciones sociales para llevar una respuesta a la población.
«Si hablamos de los sectores vulnerables, el 40% de la provincia está por debajo de la línea de la pobreza, y el 50% cuando se trata de niños y niñas. Los movimientos populares estamos en los lugares donde el Estado no llega. La Ley pretende combinar esos esfuerzos en lugares en los el Estado debe poner los recursos materiales porque es quien maneja el presupuesto y decide adónde van destinados los fondos.
Nosotros -las organizaciones- pondremos la logística, los recursos humanos, y nuestra militancia. Bienvenido sea el trabajo de los y las nutricionistas que es necesario y urgente, igual que el de los y las trabajadores sociales, porque si las organizaciones sociales tuviéramos ese apoyo para hacer informes socio ambientales de cada lugar, hoy todo el mapa estaría cubierto», expresó Sereno.