En la sesión ordinaria de este jueves, encabezada por el senador Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara alta, dado que la vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Victoria Villarruel, se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo.
Al inicio, el pleno prestó acuerdo para el ingreso de un mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando el nombramiento de un nuevo vocal para la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones. La propuesta fue girada a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
Durante la sesión, tras las cuestiones de privilegio planteadas por distintos legisladores, el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) rindió homenaje al folclorista Ramón Navarro, quien falleció el pasado 14 de junio a los 91 años.
Con 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, el Senado habilitó la discusión sobre la insistencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por el presidente, tras alcanzar los dos tercios necesarios.
La norma establece, entre otras medidas, la actualización periódica —con ajuste por inflación— del nomenclador de prestaciones vinculadas a la discapacidad, tomando como referencia los valores de diciembre de 2023.
El senador Daniel Bensusan (Frente Nacional y Popular) abrió el debate, señalando que «en la Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, lo que significa un 10% de la población». Al cuestionar los fundamentos del veto presidencial, advirtió: «Si para ahorrar se necesita maltratar a la gente, no se está ahorrando, sino que se los está abandonando. Este modelo no se sostiene ajustando a los más vulnerables».
En el inicio de los cierres de bloques políticos, la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) recordó lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad «ratificado por la Argentina en el 2008 que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente, a ser incluidas en la sociedad y lo que estamos defendiendo hoy busca garantizar este derecho». También adelantó el rechazo en nombre de su interbloque.
Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) pidió que el Gobierno «no tome todas las necesidades por igual para cuidar el gasto público», y aclaró que, «la situación de las familias con discapacidad viene desde hace años con problemas de desactualización en montos y demandas de todo tipo y se ha agravado de manera sustancial en el último tiempo».
A su turno, el senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) consideró que «Esta ley llega demasiado tarde, debería haber tratado en el año 2013, cuando pasamos de 80.000 discapacitados a 1.250.000 discapacitados y nadie advirtió que se estaba discapacitando gente como nunca en la historia».
«Me alegra que el parlamento dé una respuesta de este tipo y le decimos a una parte importante de la sociedad argentina que no le vamos a permitir al Presidente que vulnere sus derechos constitucionales y que cumpla con la Ley que votamos acá», enfatizó el senador José Mayans (Frente Nacional y Popular).
Tras el debate, el Senado ratificó con 63 positivos y 7 negativos la insistencia al veto presidencial, decisión que ya había sido adoptada previamente por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto y, de esta manera, quedó confirmada la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En la misma sesión, la Cámara alta dio media sanción con 56 votos positivos, 8 negativos y 2 abstenciones, a un proyecto unificado que provino de seis propuestas presentadas por los senadores y que modifica la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes que dicta el Poder Ejecutivo.
Al inicio del debate y, en su calidad de miembro informante, la senadora Alejandra Vigo luego de detallar los cambios propuestos para la Ley 26.122 expresó, «tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público, cualquiera sea el signo político».
«La Constitución especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar», afirmó el senador Pablo Blanco (UCR). En cambio, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) señaló, «observo de la noche a la mañana un baño de constitucionalidad nunca visto, sin embargo, creo que la Ley 26.122 ha sido un fracaso y un mal antecedente aunque me hubiera gustado tratar esta Ley con más consultas y no de manera tan coyuntural».
La senadora Fernandez Sagasti (Unidad Ciudadana) si bien puntualizó lo logrado en otras gestiones gubernamentales por la Ley 26.122, aclaró que, «ahora nos toca modificarla porque es una respuesta a una realidad que venimos viviendo y que es una degradación institucional inusitada, sobre todo, a las facultades de este Congreso Nacional».
Previo a la votación, el senador Ezequiel Atauche (LLA) preguntó al pleno cuál era la verdadera razón de «este supuesto proyecto que viene a moderar las atribuciones presidenciales con respecto a los DNU», y respondió, «lo que está pasando es que este Senado está pretendiendo quitarle herramientas constitucionales al Presidente y ustedes no representan a los argentinos».
Antes de finalizar, se acordó dejar pendiente para la próxima sesión, el tratamiento de dos convenios internacionales: un protocolo de enmienda al convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y un acuerdo con la República de Austria con el mismo objetivo en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Al igual que una modificación al Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que contempla al personal de planta temporaria del Senado con una antigüedad superior a seis años ininterrumpidos.
