Córdoba volvió a ser escenario de una tragedia que se repite con una frecuencia alarmante. Este viernes, dos ataques de perros en cuestión de horas terminaron con la vida de dos niños de dos años, en hechos que ocurrieron en distintos puntos de la ciudad pero que comparten un denominador común: en ambos casos, los animales agresores pertenecen a razas históricamente criadas para la caza, la guardia o el combate.
El ataque en barrio Cabildo
Una nena de dos años murió este viernes después de ser atacada por dos dogos dentro de una vivienda de barrio Cabildo. El episodio ocurrió durante la mañana, en la casa de un familiar: según la información disponible, los animales pertenecían al tío de la pequeña.
Tras el ataque, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en estado crítico. Allí sufrió un paro cardíaco, pero el equipo médico logró reanimarla y estabilizarla lo suficiente como para derivarla al Hospital de Niños. En ese segundo centro de salud, el cuadro se agravó: la menor presentaba una hemorragia masiva y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.
Pese a las maniobras de reanimación, que se extendieron por más de una hora, la nena murió a causa de las lesiones provocadas por el ataque. Una tía de la víctima también resultó herida al intentar socorrerla.
El procedimiento tuvo, además, un fuerte impacto entre los propios efectivos policiales que intervinieron en el lugar: según se informó, los agentes debieron recibir asistencia psicológica después de participar del operativo. La investigación por este caso deberá determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el ataque y las responsabilidades correspondientes.
Un segundo ataque fatal el mismo día, en Alta Gracia
Horas más tarde, ese mismo viernes por la tarde, otro nene de dos años murió tras ser atacado por un perro en la ciudad de Alta Gracia, según informó a Cadena 3 el jefe de la Departamental Santa María de la Policía de Córdoba, comisario mayor Roque Carabajal.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 en una vivienda ubicada en la calle Catamarca esquina Cervantes. Según el relato de la madre del niño, un perro de raza pitbull atacó al pequeño mientras ella se preparaba para bañarlo. El animal pertenecía a un conocido de la mujer, que se encontraba presente en el domicilio en ese momento. Según se informó, el perro atacó al bebé sin que mediara un motivo aparente, y le provocó mordeduras en varias partes del cuerpo.
El nene fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Humberto Illia, donde los médicos no lograron reanimarlo. A las 18, la doctora Patricia Farini confirmó su muerte.
Tras el ataque, se montó un operativo que permitió capturar al perro en las inmediaciones de la vivienda. Además, la Policía detuvo a un hombre de más de 30 años, señalado como el dueño del animal, quien fue imputado por el delito de «homicidio culposo» por el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, a cargo de la Fiscalía de Turno 2 de Alta Gracia.
A esto se suma que, en los próximos días, se conocerá la sentencia contra el dueño de dos dogos que en 2023 atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en barrio Estación Flores. José Nieto, imputado por ese hecho, está siendo juzgado mientras la provincia atraviesa esta nueva ola de ataques fatales.
Un patrón que se repite
Lo ocurrido este viernes no es un hecho aislado. En Córdoba, y en el resto del país, los ataques de perros de razas como el dogo argentino y el pitbull —o sus cruzas— se acumulan año tras año, muchas veces con desenlaces fatales y, en la mayoría de los casos, con las víctimas más vulnerables: niños pequeños.
Este patrón obliga a poner sobre la mesa una discusión que suele evitarse por incomodidad, pero que la evidencia hace cada vez más urgente: no todas las razas caninas representan el mismo nivel de riesgo, y esto no es un prejuicio, sino una consecuencia directa de la selección genética a la que fueron sometidas durante generaciones.
El dogo argentino fue desarrollado específicamente para la caza mayor —jabalíes, pumas— en jauría, lo que exigió seleccionar ejemplares con una mordida extremadamente potente, baja tolerancia al dolor, escasa inhibición ante la lucha y una capacidad de sostener el ataque hasta inmovilizar a la presa. El pitbull, por su parte, desciende de líneas criadas históricamente para peleas de perros, un origen que explica su resistencia física, su tenacidad y una tendencia genética a no soltar la presa una vez que muerde, un rasgo que en un ataque a un ser humano —y particularmente a un niño— puede resultar letal en cuestión de minutos.
Esto no significa que cada ejemplar de estas razas sea, por naturaleza, un animal agresivo: el temperamento individual depende también de la crianza, la socialización y el manejo que reciba de sus dueños. Pero sí significa que, cuando estos perros atacan, las consecuencias suelen ser desproporcionadamente más graves que las de otras razas, precisamente por las características físicas y conductuales para las que fueron seleccionados durante siglos. Ignorar ese trasfondo genético —tratando a todas las razas como si el riesgo fuera idéntico— es desconocer la historia misma de la cría canina.
Los casos de Córdoba también exponen un problema recurrente: en varios de estos episodios, los animales estaban en contacto directo con niños pequeños sin la supervisión ni las medidas de resguardo adecuadas —correas, bozales, separación física—, algo que las normativas de tenencia responsable exigen justamente para las razas consideradas potencialmente peligrosas. La reiteración de estos hechos sugiere que dichas normas, cuando existen, no siempre se cumplen ni se controlan con la rigurosidad necesaria.
Un debate pendiente
Cada nueva tragedia reaviva el mismo reclamo: mayores controles sobre la tenencia de razas caninas consideradas de riesgo, registros obligatorios, seguros de responsabilidad civil, esterilización, uso obligatorio de bozal y correa en espacios compartidos, y sanciones efectivas para quienes incumplan estas medidas. Sin embargo, en la práctica, estas exigencias suelen quedar libradas a la responsabilidad individual de cada dueño, sin una fiscalización sistemática por parte del Estado.
Mientras la Justicia avanza en la investigación de ambos ataques ocurridos este viernes, el saldo es el mismo que dejaron otros episodios similares en Córdoba durante este año: dos familias destrozadas y una discusión que, pese a repetirse cada pocas semanas, sigue sin traducirse en políticas de prevención efectivas.