Por: Jorge Colina, presidente del IDESA.
La gente antes iba a la Basílica de Luján a pedir trabajo, ahora va a la “Catedral” de la asistencia social a pedir planes.
Se realizó la marcha federal de las agrupaciones piqueteras desde distintos puntos del país para congregarse en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y pedir por trabajo genuino. Si no hay, entonces, se puede cambiar por planes asistenciales.
Es muy difícil que haya trabajo genuino por tres motivos. Uno de demanda laboral, otro de oferta laboral y otro de instituciones laborales.
El motivo de demanda laboral es que la economía está estancada desde hace 10 años y, si bien los últimos datos señalan que estaría creciendo al 10%, es un rebote por la caída del Covid. Al final del día el nivel de actividad es similar al anterior a la pandemia y el empleo asalariado privado registrado (empleo genuino) está clavado en 6 millones de trabajadores desde hace 3 años.
El motivo de oferta laboral es que las personas que marchan, en general, no tienen buenos niveles de educación. Con datos de la encuesta de hogares del Indec se puede estimar que el 60% de las personas que recibe ayuda asistencial no tiene la secundaria completa. Cuando se observa el perfil educativo de los que tienen empleo asalariado privado registrado surge que sólo el 25% tiene secundaria incompleta. El resto tiene la secundaria completa o superior. Hay un severo déficit educativo que impide insertarse en el mundo del empleo asalariado privado registrado.
Luego está el motivo instituciones laborales. Para las empresas privadas crear empleo asalariado registrado significa que tienen que ajustarse a convenios colectivos sectoriales (o sea, en los que ellas no participaron), que datan de la década de los ’70 y los ’80 (o sea, la mayoría ni siquiera existía cuando se firmaron), nunca fueron actualizados (con lo cual, no se ajustan a la dinámica de las organizaciones modernas) y sólo se concentran en actualizar salarios con las paritarias en niveles muy altos para lo que es la realidad de las pymes y las empresas regionales.
Además, por encima de estos salarios, el empleador tiene que pagar 50% de cargas sociales. Cuando tenga que deshacer el vínculo laboral, con alta probabilidad deberá desembolsar en promedio 3 salarios por cada año de antigüedad, aun cuando la ley de contrato de trabajo dice un salario por año de antigüedad. Pero la litigiosidad es tan masiva y de práctica común, que los empleadores dejaron de saber cuánto cuesta una desvinculación laboral.
Entonces, con una economía estancada, una oferta laboral con déficits educativos e instituciones laborales pensadas para hace 5 décadas atrás convertidas en fuente de rentas espurias de sindicalistas, abogados laboralistas y trabajadores oportunistas, es imposible que haya creación de miles de fuentes de trabajo genuinas. Así que no va a quedar otra que apelar a los planes asistenciales.
Los planes tienen su propia historia. La historia comienza en la década de los ’90 cuando los únicos beneficios sociales que había eran 3 millones de jubilaciones con aportes, 2,6 millones de asignaciones familiares sólo para trabajadores formales y 1 millón de planes de empleo (Plan Trabajar). Con la crisis de la salida de la convertibilidad, a los beneficios contributivos se sumaron 2 millones del Plan Jefas y Jefes de Hogar y el plan alimentario con 800.000. El razonable argumento era que la crisis social era muy severa y que cuando viniera la recuperación económica estos planes desaparecerían.
A partir del 2004 vino la recuperación. Sin embargo, los planes asistenciales se quedaron. El Plan Jefas y Jefes cambió de nombre, vino la Asignación Universal por Hijo (AUH) con 4 millones de beneficios, las moratorias previsionales con 3,5 millones de jubilaciones sin aportes, se repartieron 1 millón de Pensiones No Contributivas (PNC) a gente en edad de trabajar que se la declaró con invalidez laboral total, se dieron 600 mil Progresar para jóvenes entre 19 y 24 años que sigan estudiando (no necesariamente en la universidad, sino también tratando de terminar la secundaria o simulando hacer un curso de capacitación). Esto era hasta el 2019, cuando llega el actual Gobierno.
Este gobierno innova dando la posibilidad legal de acumular planes. Así entonces erige el plan “Potenciar Trabajo” que está en el orden de los 1,5 millones de beneficios los cuales se otorgan superpuestos con las AUH y las tarjetas alimentarias, con la condición de que la persona que lo reciba tenga filiación a una organización piquetera. Además de a los afiliados, hay planes para las organizaciones piqueteras también.
Así las cosas, hay 12 millones de beneficios no contributivos pero 18 millones de pobres. Ahora, no es que con estos beneficios se están atendiendo a 2/3 de los pobres, ya que hay personas que de los 12 millones de beneficios reciben 2 o 3. Es que se multiplican los planes asistenciales y no alcanza para tanta gente pobre. Por eso, lo más racional que puede hacer la gente humilde del interior es subirse a los colectivos de los piqueteros del interior para ir a la “Catedral” de la asistencia social: el Ministerio de Desarrollo Social.
Así va cambiando la sociedad argentina. La gente antes iba a la Basílica de Luján a pedir trabajo, ahora va a la “Catedral” de la asistencia social a pedir planes. No le queda otra.
