Con la premisa de que las personas que cortan rutas y calles son delincuentes que tienen que ir presos, el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) crece en visibilidad y adhesiones en todo el país, en especial en los sectores que ya han superado el nivel de hartazgo ante la inseguridad que los piquetes generan y la falta de un Estado nacional que garantice sus derechos.
La Constitución Nacional Argentina establece claramente la libertad de circulación refiriéndose no sólo a personas, sino también a mercancías, producción, industria, etc.. En el Art. 14 se expresa textualmente el derecho “de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
Por esta misma razón, es que el diputado porteño Ramiro Marra sostiene que “quienes realizan piquetes son delincuentes que deben ir presos”.
Estos derechos constitucionales son vilipendiados por los grupos piqueteros, muchos de los cuales pertenecen a organizaciones que hacen del piquete un “trabajo”, recibiendo como pago tarjetas de ANSES, planes sociales, etc.. Es decir, que el mismo Estado – gobierno-, que debería proteger los derechos constitucionales de todos los habitantes y personas que transiten por suelo argentino, son los que están subvencionando a la mayoría de los grupos que realizan los cortes de calles y rutas.
La afirmación de Marra no sólo es correcta, sino que además tiene ese agravante, los recursos que perciben los integrantes de muchas de las organizaciones piqueteras y sus dirigentes, provienen del Estado Nacional, es decir, que avasallan los derechos de los demás con el mismo dinero que aportan quienes terminan siendo perjudicados.
Por eso, en una reciente entrevista, Marra sostuvo que a estos piqueteros “que están delinquiendo, según el artículo 194 del Código Penal, no les den más la posibilidad de administrar los planes sociales. No estamos en contra de los planes sociales, estamos en contra que los administren gente que delinquen, que cortan las calles”.
Por ejemplo, si un beneficiario de algún plan social logra conseguir un trabajo, aunque sea mal pago, o debe emitir factura por un servicio, pierde automáticamente el derecho a ese plan. Sin embargo, los que cortan rutas y calles siguen percibiendo todo tipo de beneficios. Al que logra insertarse en el mercado laboral se lo castiga, al que delinque se lo sigue premiando.
Es decir que, directa o implícitamente, el Gobierno Nacional es cómplice de estos “delincuentes”, cuando lo justo y correcto debiera ser que toda aquella persona que cometa un acto de esta índole, automáticamente pierda cualquier aporte/subsidio que perciba del Estado.
Sin ir más lejos, desde ya hace varias semanas Misiones, los misioneros, están padeciendo varios cortes de ruta en distintas localidades, siendo rehenes de una situación que no sólo resulta violenta, sino que además con pérdidas económicas irrecuperables, daños de mercaderías y horas de trabajo, el perjuicio al turismo, a la salud, y el estrés que, posteriormente, puede terminar derivando en siniestros viales.
Por ejemplo en esta jornada (viernes 01/04) están previstos 6 piquetes: en la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Piray y Eldorado; en la Ruta Nacional 14 en Oberá, San Vicente, Leandro N. Alem y San José.
En la medida que un conductor se acerca a la zona de los cortes de rutas se encuentra con la Gendarmería Nacional “custodiando” a los piqueteros, cuando en realidad deberían estar liberando el paso para que todos los ciudadanos puedan tener garantizado su derecho constitucional de libre tránsito y circulación.
En este punto, la principal falla está en la Justicia, jueces que no hacen respetar los derechos de todos los ciudadanos y mucho menos en hacer honor a su investidura y funciones. Jueces que en la gran mayoría de los casos responden más a intereses políticos que a su deber y al principio –también Constitucional- de INDEPENDENCIA de los Poderes del Estado.
La indignación social, el hartazgo, no sólo está fundado en la cantidad y continuidad de estos piquetes, sino en que además, y como se pudo corroborar después de sendas entrevistas en diversos medios radiales y audiovisuales, la mayoría de los que cortan ruta ni siquiera saben por qué están ahí.
Otro caso es el de cortes por grupos de docentes u otros sectores, pero todo reclamo, por más genuino que pueda ser, deja de tener relevancia cuando para hacerlo se buscan medios que generan daños y perjuicios a otros.
Aquí es donde el delito de cortar rutas tiene un agravante, porque siendo los docentes responsables de la formación de niños y jóvenes, de educación no sólo en saberes sino también en valores, es aún más inadmisible que recurran a estas metodologías.
Hay muchos otros mecanismos, eficientes y efectivos, de concitar la atención de políticos y ciudadanos, incluso con creatividad hasta posiblemente lograrían adherencia de parte de la comunidad, la cual actualmente no sólo desconoce los verdaderos motivos de su protesta, sino que además la repudia por el daño económico y social que provocan con los cortes de rutas y calles.
En estas cuestiones, los gobiernos deberían ser terminantes, jamás negociar con quienes para “reclamar” no sólo perjudican los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos, sino que además en clara violación de lo establecido y “garantizado” por la Constitución Nacional Argentina.
Pero, sin un Estado Nacional presente y con autoridad, del lado de la comunidad, es imposible que los Gobiernos provinciales puedan tomar otras definiciones respecto a los piqueteros, más aún cuando es la misma Nación la que financia a estos grupos activistas.
Mientras en la sociedad crece el nivel de hartazgo, la incógnita es: el Gobierno Nacional ¿cómplice o instigador?
En fin…