La propuesta del defensor del Pueblo, Alberto Penayo, es crear un espacio de debate interparlamentario que involucre al deliberativo posadeño y al Poder Legislativo Provincial, con el objetivo de definir en el texto, la autoridad de aplicación, sin ambigüedades; e incorporar el artículo 10 y 11 del Decreto Reglamentario al cuerpo de Ley, que especifique el mecanismo de control y definir el circuito administrativo para la habilitación.
En este sentido, se realizó durante la mañana del lunes, una nueva reunión propuesta por la comisión de legislación del Concejo Deliberante, de la que participaron referentes de instituciones provinciales, dueños de geriátricos y ediles.
Al respecto, el defensor del pueblo dijo que se está avanzando en el diálogo: «Es importante lo que está pasando porque se están poniendo sobre la mesa de debate cuestiones que nosotros venimos observando desde hace varios años por medio del Observatorio del Adulto Mayor, y que carecían de regulación.
Hoy tenemos certezas sobre aspectos claves del funcionamiento de estos establecimientos que carecen de regulación, no está claro cuál es la institución pública responsable de la habilitación, a quién le corresponde el control, y eventualmente una sanción, entre otros aspectos.
Pero confiamos en que a partir de esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo se pueda avanzar hacia una legislación que eche luz sobre estos puntos de cara al futuro. Y que estas instituciones, tan postergadas, puedan funcionar mejor por el bien de nuestros adultos mayores», detalló.