El Gobierno de Bolivia producirá de pasta dental a base de hoja de coca, lo hará por medio empresa estatal.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Néstor Huanca, informó que el estado producirá pasta dental a base de coca y que lo hará a través de la Empresa Pública Productiva de Industrialización de la Hoja de Coca Boliviana (Kokabol).
La planta industrial del estado boliviano se instalará en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y demandará una inversión de 9 millones de dólares.
Kokabol realizará el procesamiento de la hoja de coca con la finalidad de aprovechar sus propiedades nutritivas y medicinales, expresó el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Sobre este tema, el presidente boliviano, Luis Arce, había comentado la semana pasada que con la creación de la empresa se buscaba «desarrollar la industria de la química básica de la hoja de coca» y «producir, procesar, transformar y comercializar productos que deriven de ella».
Del mismo modo, afirmó que Kokabol hará «investigación y desarrollo tecnológico productivo de la hoja de la coca y plantas medicinales para su industrialización» como parte de la política de ese país de sustitución de importaciones.
La hoja de coca, patrimonio cultural indígena
El expresidente Evo Morales y las actuales autoridades de Bolivia sostienen que la coca no es sinónimo de cocaína y que pertenece al patrimonio cultural indígena, que lo usa con fines medicinales, rituales o tradicionales.
Pero organismos internacionales señalan el incremento de la producción de esta planta se viene dando con fines de producción de drogas ilícitas.
El conflicto sobre la hoja de coca surgió porque Bolivia, después de Colombia y Perú, es el tercer país que produce ese cultivo usado para la elaboración de cocaína. Sin embargo, durante la administración de Morales, el país registró una disminución progresiva de los cultivos que fue reconocida por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Al hacer un recuento, se observa que ya en 2009, en la Carta Magna se consagró al Estado boliviano como protector de «la coca originaria y ancestral» como un «factor de cohesión social» que «en su estado natural no es estupefaciente».
En enero de 2010, La Paz se retiró temporalmente de la Convención de Viena debido a que uno de los artículos de ese instrumento vetaba el masticado de coca y pedía eliminarlo en un plazo no mayor a 25 años, lo que implicaba la censura a esa práctica ancestral también conocida como ‘boleo’, ‘pijcheo’ o ‘coqueo’.
En 2012, el entonces presidente boliviano pidió ante la ONU dejar de considerar a la coca como un veneno para los humanos, como apuntó la Junta Internacional de Estupefacientes de ese organismo, y solicitó a todos los países que se reparara el «daño histórico» de haber incluido a la hoja en la lista de estupefacientes de la Convención de Viena.
Al año siguiente, en julio de 2013, se inauguró la primera fábrica de procesamiento de esta planta en Bolivia y en diciembre, la nación suramericana se adhirió nuevamente a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con la reserva de permitir la masticación tradicional de la hoja de coca en todo el territorio.
Tres años después, en 2016, se promulgó la Ley 864 donde se declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia al «acullico» o masticación tradicional de la hoja de coca para extraer sus nutrientes.
En marzo de 2017 entró en vigencia la Ley General de la Hoja de Coca, cuyo objetivo era normar la «revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural».
Bajo esta legislación, el Gobierno boliviano amplió a 22.000 hectáreas el área de plantaciones de hoja de coca en el país, con la finalidad de incentivar la industrialización de los productos fabricados con base de esta planta milenaria.
Sin embargo, la Oficina de la UNODC alertó en 2021 sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos de coca en 2020 y recomendó ampliar las labores de erradicación. Al respecto, la administración de Arce se comprometió a retomar los estándares internacionales de Bolivia y erradicar unas 9.000 hectáreas de cultivos ilícitos al año.
