La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, la cual integra el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, interpuso un recurso jerárquico ante el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el objetivo de impugnar el acto administrativo por el cual a Nación dispuso un recupero extraordinario, en 24 cuotas, para las empresas productoras de gas.
La medida que el gobierno nacional, a través de la resolución 20/2018, implementará a partir del 1 de enero de 2019, es aparte del reciente incremento de tarifas que alcanzó el 35% la semana pasada, y dispone que durante dos años los usuarios les paguen a estas empresas un extra dentro de la factura –es decir aparte del valor propio de la tarifa por consumo-, para que las mismas “recuperen” el precio frente al dólar.
En el recurso jerárquico interpuesto por ADPRA, se establece que se “revoque el acto impugnado”, es decir la resolución 20/2018, “por ausencia de sus elementos esenciales y flagrante violación a la ley aplicable en los términos del artículo 14 de la Ley 19.545 de Principios Administrativos y los principios democráticos de gobierno”.
En esa misma línea, la presentación agrega que esta decisión de la Nación “no se encuentra debidamente fundada siendo cuando menos desconocidas las causas en las que se sustenta, y afecta de manera directa los derechos de todos los consumidores y usuarios”.
Por su parte, Penayo se refirió al respecto señalando que “desde hace dos años vemos como de manera permanente todas las tarifas se ajustan cada vez que sube el dólar y nuevamente cuando la divisa extranjera impacta sobre los combustibles, y de manera constante se emiten resoluciones o decretos que habilitan estas actualizaciones y subas, mientras que no se controla la inflación y, por ende, la depreciación constante del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, misioneros y posadeños”.
“Si esto sigue avanzando de la forma en que está, vamos a tener tarifas altas pero sin usuarios que puedan pagarlas, sin contar que para provincias como la nuestra y ciudades como Posadas, no hay ningún tipo de medida que permita reducir los impactos ni alternativas como sí los tiene el país central, por lo que además se genera un estado con ciudadanos de primera, de segunda y de tercera”, recalcó Penayo.
Finalmente el defensor del Pueblo posadeño enfatizó “si los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, no sólo van a dejar de pagar impuestos, sino que continuará la caída del consumo, y esto repercute directamente en las pymes y la industria nacional, provocando un mayor desempleo, aumentado la recesión y la crisis general del país, que en nuestra provincia, al ser de frontera, impacta mucho más aún”.