Informe completo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). El World Economic Forum (WEF) es una entidad que aglutina a destacados políticos y empresarios con el objetivo de contribuir al desarrollo económico mundial. Es reconocida por la capacidad de convocatoria de líderes de todo el planeta a su foro anual que organiza en la ciudad de Davos. Entre sus acciones permanentes está la construcción y actualización del Índice de Competitividad Global. Se trata de un indicador que mide de manera comparativa las condiciones de competitividad de prácticamente todos los países del mundo.
Una de las dimensiones con que el WEF mide competitividad de los países es la calidad de sus instituciones. Esto es, las reglas bajo las cuales los individuos, las empresas y el gobierno interactúan para organizar la producción y, fundamentalmente, para definir las formas en que la comunidad se va a distribuir los costos y los beneficios de las estrategias de desarrollo. Se entiende que mientras estas reglas premien la eficiencia y la equidad de los esfuerzos, mayores condiciones habrá para la prosperidad en esa sociedad.
Una forma de medición se realiza a través de encuestas a empresarios de cada país indagándoles respecto a su percepción de los comportamientos de los funcionarios y los propios empresarios. Para el período 2014 – 2015, los resultados de la encuesta fueron:
- Qué tan común es el desvío de fondos públicos en su país (1 mucho; 7 nunca), en Argentina el puntaje fue de 1,7 mientras que en Chile 5,0 y Uruguay 5,2.
- Qué tan común es el favoritismo en las decisiones del Estado en su país (1 mucho; 7 nunca), en Argentina el puntaje fue de 1,7 mientras que en Chile 4,0 y Uruguay 3,9.
- Cómo es la conducta ética de las empresas en su país (1 mala – 7 excelente), en Argentina el puntaje fue de 3,0 mientras que en Chile 5,0 y Uruguay 4,9.
Estos datos muestran que, en la percepción de los mismos empresarios, en la Argentina era mucho más frecuente que en otros países el desvío de fondos públicos a los fines de obtener tratos especiales por parte de los funcionarios. Llama la atención que en la autoevaluación de su propia ética, los empresarios de Argentina se colocaban por encima de los funcionarios de gobierno, pero muy por debajo de la autoevaluación de su ética que hacían los empresarios de Chile y Uruguay. Estas evidencias son muy fuertes señalando que el contubernio entre políticos y empresarios en la Argentina durante la gestión del gobierno anterior estaba instalado, aceptado y naturalizado.
Tan es así que en el ranking de la WEF –en lo que se refiere a desviación de fondos públicos y favoritismo– Argentina se ubicaba en el puesto 143 de un total de 144 países. En términos de ética empresarial, la autoevaluación de los empresarios ubicaba a la Argentina en el puesto 138 de un total de 144 países. En estas tres dimensiones, Chile y Uruguay se ubican entre los puestos 20 y 30 de los 144 países. Dicho de otra manera, en la visión de los empresarios la Argentina había alcanzado niveles de corrupción y connivencia sólo comparable a los peores países africanos.
Que el desencadenante de la investigación sobre la corrupción político-empresarial sea un hecho casual (cuadernos que llegan a manos de un periodista) y una avalancha de implicados ahora dispuestos a declarar como arrepentidos, son un dato anecdótico. Lo grave y preocupante del caso es que fuera necesario un desenlace bizarro para que la sociedad se concientizara de la necesidad de tomar medidas correctivas, cuando existían desde hace mucho tiempo indicios claros y contundentes respecto a las corruptas formas de relacionamiento entre empresarios y el Estado.
No es posible que un país progrese sin instituciones que premien la eficiencia y aseguren la equidad en la distribución de los esfuerzos y los beneficios del bienestar. Para ello, no se necesitan políticos y empresarios bien intencionados ni fiscales y jueces heroicos. Las mejores prácticas internacionales indican que la clave es la racionalidad en las reglas de juego, la cultura del cumplimiento de esas reglas, la transparencia de los actos de gobierno y un sistema judicial que, lejos de la rimbombancia mediática, sea eficaz, oportuno y eficiente.
