El debut del cobro exclusivamente electrónico en las rutas nacionales 12 y 105 generó demoras, reclamos y tensión entre automovilistas durante un fin de semana de intenso movimiento turístico. La nueva concesionaria avanzó con el aumento de las tarifas y la eliminación del efectivo, pero las dificultades de implementación dejaron en evidencia una pregunta central: ¿quién garantiza una circulación ágil y segura cuando el sistema de cobro no está preparado para responder a la demanda?
El inicio de la nueva concesión de los peajes en Misiones quedó marcado por un problema que miles de automovilistas debieron enfrentar en plena circulación por los principales corredores viales de la provincia: largas filas, demoras y complicaciones para completar el pago luego de la eliminación del efectivo. El cambio, implementado por Camino Selva S.A. -sociedad constituida por Carlos E. Enríquez S.A. (con el 95% de las acciones) y Hormi S.A. (con el 5% restante)-, en las estaciones de las rutas nacionales 12 y 105, expuso las dificultades de poner en marcha un sistema electrónico sin una transición capaz de responder con eficacia al movimiento vehicular.
La situación se produjo en un período especialmente sensible para el tránsito turístico, con numerosas familias recorriendo Misiones y utilizando las rutas que conectan Posadas con el norte provincial y los principales destinos de la región. En ese contexto, las demoras en los peajes dejaron de ser una simple molestia administrativa para convertirse en un factor de tensión en la circulación.
La pregunta resulta inevitable: si el objetivo de modernizar el cobro es agilizar el tránsito, ¿por qué la puesta en marcha del nuevo esquema terminó generando filas y dificultades para los usuarios?
Primero aumentaron, después vemos…
La nueva concesionaria asumió el control del denominado Tramo Noreste, que comprende sectores de las rutas nacionales 12 y 105, con estaciones en Santa Ana, Colonia Victoria y Fachinal, en Misiones, además de Ituzaingó, en Corrientes. El contrato establece una concesión de largo plazo y contempla trabajos de mantenimiento y recuperación vial.
Sin embargo, los primeros cambios que sintieron los usuarios fueron inmediatos: desde el 7 de octubre dejó de aceptarse el efectivo y, a partir del 9, comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario. Para los vehículos livianos, las publicaciones previas al cambio informaron una tarifa de alrededor de $1.900, con valores exactos sujetos al cuadro oficial vigente.
La coincidencia entre el incremento del costo y la modificación obligatoria de los medios de pago generó un escenario especialmente desfavorable para quienes debían adaptarse al sistema sobre la marcha. Los conductores que no contaban con TelePASE debían recurrir a tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR, alternativas que no siempre resultaban accesibles o funcionales para todos.
Las dificultades afectaron también a visitantes de Paraguay y Brasil, algunos de los cuales no disponían de medios de pago compatibles. Según reportes periodísticos, hubo automovilistas que tuvieron que recurrir a otros conductores para resolver el pago y continuar su viaje.
La empresa anunció posteriormente la entrega gratuita de dispositivos TelePASE para facilitar la transición. La medida puede ayudar a resolver el problema a futuro, pero no elimina el interrogante sobre la preparación operativa con la que se puso en marcha el nuevo esquema.
Modernización sin fluidez: una contradicción que pagan los usuarios
El cobro electrónico puede ser una herramienta válida para reducir tiempos de espera. El problema aparece cuando la transformación tecnológica se convierte en una exigencia para el usuario sin que estén garantizadas las condiciones necesarias para que funcione con rapidez.
No alcanza con eliminar el efectivo y habilitar medios digitales. También se necesita capacidad suficiente de atención, equipos operativos, señalización clara, información anticipada, asistencia para quienes no conocen el procedimiento y mecanismos alternativos para resolver inconvenientes sin bloquear el paso.
En una provincia fronteriza y turística como Misiones, donde circulan vehículos de distintos puntos del país y de países vecinos, esas previsiones no son detalles menores. Son parte esencial de cualquier sistema de cobro que aspire a funcionar de manera eficiente.
La implementación del nuevo mecanismo dejó expuesta precisamente esa dificultad: el usuario quedó obligado a adaptarse a una modalidad distinta mientras las primeras jornadas evidenciaban problemas que debían haber sido contemplados antes de ponerla en funcionamiento.
El costo de esa improvisación, cuando ocurre, no se limita al tiempo perdido. También se traduce en combustible consumido durante las esperas, incertidumbre para quienes viajan con horarios ajustados y tensión entre conductores que intentan avanzar en filas que no esperaban encontrar.
Rutas deterioradas, más tarifas y una deuda pendiente de seguridad vial
El malestar se profundiza porque el cobro se aplica sobre corredores nacionales que arrastran reclamos por el estado de sus calzadas y la falta de mantenimiento. La nueva concesión contempla obras de conservación y un plan de recuperación vial, pero los anuncios de inversiones no sustituyen la necesidad de resultados concretos para quienes utilizan las rutas todos los días.
El contraste es difícil de ignorar: mientras el usuario debe pagar más y adaptarse obligatoriamente a un sistema electrónico, sigue necesitando rutas seguras, señalización adecuada, calzadas en condiciones y una circulación que no agregue riesgos evitables al viaje.
La seguridad vial también merece especial atención. Durante el fin de semana, las lluvias intensas complicaron las condiciones de circulación en la provincia. En ese escenario, cualquier demora que provoque apuro, ansiedad o decisiones imprudentes al volante puede agravar los riesgos.
Cuando algunos conductores intentan recuperar el tiempo perdido después de atravesar un peaje, aumentan las posibilidades de acelerar de más, realizar maniobras riesgosas o reducir las distancias de seguridad. Esa conducta es responsabilidad de quien conduce, pero no por eso debe ignorarse el contexto en el que se produce: la gestión del tránsito también exige prevenir situaciones que favorezcan la congestión y el comportamiento peligroso.
No corresponde atribuir automáticamente cada maniobra imprudente al sistema de cobro ni afirmar que se produjeron siniestros como consecuencia directa de las filas sin pruebas específicas. Sí corresponde advertir que demoras evitables, tránsito intenso y calzadas mojadas conforman una combinación que requiere respuestas preventivas inmediatas.
La concesionaria debe explicar cómo garantizará el servicio
El cambio de modalidad no surgió de una necesidad individual de los automovilistas, sino de una decisión de gestión que debía implementarse con previsión y capacidad operativa. Por eso, las explicaciones no pueden limitarse a recomendar que todos tramiten el TelePASE o aprendan a utilizar los medios electrónicos.
La concesionaria debe informar qué medidas adoptó para absorber el tránsito durante los períodos de mayor demanda, qué capacidad de atención tienen las estaciones, cómo se resuelven los pagos fallidos y qué mecanismos existen para evitar que un inconveniente individual se convierta en una fila que afecte a decenas de vehículos.
También resulta necesario que Vialidad Nacional, como autoridad vinculada al control de las concesiones viales, informe cómo supervisará el funcionamiento del sistema y qué exigencias operativas debe cumplir la empresa para garantizar un servicio compatible con la seguridad y la fluidez del tránsito.
La discusión no consiste en rechazar la tecnología. Consiste en exigir que la modernización se traduzca en una mejora real y no en una nueva carga para quienes utilizan las rutas.
El peaje se paga, pero el servicio debe responder
Las demoras registradas durante los primeros días del nuevo esquema dejaron una señal de alerta. En un corredor estratégico para el turismo, la producción y la conexión entre localidades, un sistema de cobro que no logra responder con agilidad durante los momentos de mayor circulación compromete la experiencia de viaje y obliga a revisar cómo se planificó su implementación.
La concesionaria tiene por delante el desafío de demostrar que puede cumplir con los compromisos de mantenimiento, recuperación vial y modernización tecnológica. Mientras tanto, los usuarios necesitan respuestas concretas, no solamente anuncios.
Porque el problema de fondo es sencillo: el automovilista paga por utilizar la infraestructura concesionada y tiene derecho a exigir condiciones razonables de circulación. El aumento de las tarifas y la eliminación del efectivo pueden formar parte de un nuevo modelo de gestión, pero no justifican trasladar al usuario los costos de una transición deficiente.
En Misiones, donde la ruta nacional 12 constituye una vía fundamental para el turismo y la ruta 105 conecta sectores clave del área metropolitana con el interior provincial, la prioridad debe ser garantizar viajes seguros y un tránsito fluido.
La modernización no puede medirse por la desaparición del efectivo, sino por su capacidad para mejorar el servicio. Si el resultado inicial son filas, demoras y tensión al volante, la concesionaria tiene una obligación concreta: corregir las fallas, transparentar las medidas adoptadas y demostrar que el sistema está preparado para funcionar cuando más se lo necesita.
