Ante el crecimiento de la morosidad y el endeudamiento de las familias en el contexto económico nacional adverso, el gobernador misionero Hugo Pasalacqua dispuso por decreto una ampliación de las medidas destinadas a cuidar los ingresos disponibles de empleados públicos y jubilados misioneros que se encuentran sobreendeudados con entidades mutuales como La Chacra, Prestafácil y El IPLyC, etc..
A través de sus redes sociales, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que Passalacqua, mediante el Decreto Nº 1751/26, implementó una reducción al 30% en el límite de las deducciones voluntarias sobre los haberes y estableció topes para las tasas y el costo financiero de los créditos canalizados mediante el Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD).
En ese contexto, Safrán recordó que el mandatario provincial «explicó que las nuevas medidas apuntan a reducir el peso de los créditos sobre los ingresos y establecer límites a sus costos», y agregó que la decisión profundiza las herramientas que el Gobierno provincial viene adoptando frente al endeudamiento.
«En una primera instancia, recientemente se había establecido un límite del 39% para los descuentos correspondientes a nuevos créditos con código de descuento, junto con instancias de asistencia y refinanciación para quienes presentaban mayores niveles de afectación de sus ingresos», indicó el ministro, y resaltó que «con esta actualización, las deducciones voluntarias comprendidas en el régimen no podrán superar, en su conjunto, el 30% del haber mensual neto, una vez efectuados los descuentos obligatorios».
El decreto también establece que la Tasa Nominal Anual (TNA) máxima de estas operaciones no podrá superar el promedio mensual correspondiente a préstamos personales publicado por el BCRA. «Para determinar ese límite se utilizará el último promedio mensual disponible antes de la fecha de otorgamiento del crédito», resaltó Safrán, y añadió que «a su vez, el Costo Financiero Total (CFT), expresado en términos de Tasa Nominal Anual, no podrá superar en más de un 40% esa TNA máxima de referencia y deberá incluir todos los demás costos y comisiones».
«La disposición busca así evitar que comisiones y otros cargos eleven el costo real del crédito por encima de los parámetros establecidos. Por ese motivo, el CFT deberá contemplar intereses, impuestos —incluido el IVA cuando corresponda—, comisiones, seguros, gastos administrativos y cualquier otro concepto asociado directa o indirectamente a la operación», continuó su explicación.
El decreto establece además que no podrá exigirse al agente ninguna suma, comisión, seguro o gasto adicional que no haya sido informado e incorporado al Costo Financiero Total computado dentro del límite. Las nuevas condiciones refuerzan de esta manera las obligaciones de transparencia de las entidades que operan mediante códigos de descuento.
Antes de otorgar un préstamo o financiación, deberán informar de manera clara al agente el capital que efectivamente recibirá, la cantidad y el monto de las cuotas, las tasas aplicables, el Costo Financiero Total, las comisiones, seguros, gastos administrativos y demás cargos, así como el monto total que deberá reintegrar.
«Si bien estas condiciones financieras aplican para los créditos nuevos, también se instruye al Ministerio de Hacienda para coordinar con las entidades refinanciaciones de los créditos ya otorgados bajo la nueva normativa», enfatizó el titular del Palacio de Hacienda provincial.
«Cabe recordar que el régimen de código de descuentos se implementó con el objetivo de brindar a los trabajadores públicos y jubilados una opción de crédito no bancario a mejor tasa que otras entidades no financieras, que actualmente ofrecen en el mercado créditos a tasas de entre el 300% y 700% anual, porque al no disponer de un código de descuento consideran que los créditos son de alto riesgo», señaló.
Finalmente, Safrán aclaró que la medida dispuesta por Passalacqua no alcanza a las entidades bancarias que otorgan préstamos, dado que las mismas están sujetas a la normativa del Banco Central de la República Argentina BCRA; «aunque con algunas de estas entidades (principalmente con Banco Macro) se viene trabajando en la refinanciación a menor tasa para los trabajadores públicos provinciales y jubilados en mora o con cuotas que sobreafecten sus ingresos», concluyó.
