Se espera el inminente desalojo de la protesta de los retirados y algunos activos de la policía, identificados por sus propios camaradas, y sus acciones serían encuadradas en el delito de sedición. «Un miembro de las fuerzas de seguridad, con portación de armas, no puede manifestarse de esa forma», explica un oficial de identidad reservada consultado por los medios.
La Justicia Provincial tomó las riendas del conflicto, pero también trascendió que el Juez del Juzgado Federal con jurisdicción, tiene la orden en sus manos para que actúe la Gendarmería Nacional, y solo estaría esperando el arribo de refuerzos de un escuadrón que se estaría dirigiendo a Posadas.
La decisión se toma a raíz de que algunos manifestantes crearon un perfil falso de un Jefe de Unidad, convocaron a personal de Oberá, El Soberbio y Apóstoles, y se concentraron en el Comando Radioeléctrico Uno, lo cual demuestra que hubo una organización previa, logística y humana, llegando incluso a interferir con el sistema de comunicación P25.
Para la justicia, tanto provincial como federal, se trata de una grave violación al Protocolo Antipiquetes establecido por decreto de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encomendada por el presidente Javier Milei.
Se espera que las fuerzas de seguridad nacionales arriben para desalojar las instalaciones y se prevé que actúen con la firmeza que solicita el Presidente de la Nación para evitar que este tipo de acciones, provenientes de gobiernos anteriores, se sigan repitiendo, vulnerando los derechos de todos los argentinos.
