Vida Silvestre: a 13 años de su sanción, la Ley de Bosques todavía no cumple con sus objetivos

En un informe presentado por Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se destacan las principales limitantes de la Ley, con el objetivo de plantear una agenda de trabajo para propiciar la mejora en su implementación.

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Argentina cuenta desde hace casi 13 años con la Ley 26.331 de Bosques Nativos, una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora, su implementación ha sido parcial.

En el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331” publicado recientemente y elaborado por FARN y Fundación Vida Silvestre, se realiza una revisión histórica desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos y se identifican los principales problemas de su implementación. El informe resume los vacíos, brechas, barreras y cuellos de botella, identificando los avances que ya ha habido, las herramientas que ya existen, así como también recomendaciones y alternativas de solución.

Entre los principales hallazgos del informe se pueden mencionar:

La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece y recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería.

Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley y fallas en la participación ciudadana requerida.

Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: no se han acordado y adoptado oficialmente metas cuantitativas de los objetivos de protección de los bosques nativos, indicadores de desempeño de los instrumentos de gestión, una metodología oficial y única de valorización de los servicios ambientales y sociales que brindan los bosques nativos y una evaluación de los impactos sociales y ambientales.

La deforestación ilegal persiste: si bien con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.

Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formulación: aún es muy baja la superficie de bosques nativos bajo estos planes y existe gran dificultad de acceso a dichos planes por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son los pueblos originarios y campesinos, que viven y dependen del bosque.

Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha el procedimiento se ha ido ajustando a fin de hacerlo más eficiente.

La Ley de Bosques modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose en los últimos años. Sin embargo, a pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina vienen sufriendo grandes modificaciones producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles.

 

Manuel Jaramillo, Director General de Vida Silvestre expresó: “Argentina se merece y necesita más que nunca que se salde esta deuda con nuestros bosques y que la implementación de la Ley sea una ventana de oportunidad federal para todos, pero muy especialmente, para los que viven en y de los bosques. Antes de promover una modificación de la Ley, es necesario ir un paso más allá en el camino de construir un desarrollo sostenible, analizando los factores que causaron deficiencias en su implementación para trabajar conjuntamente en la mejora de su aplicación a nivel provincial y nacional.”

 

Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana y de otras especies. Contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, la regulación hídrica, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Pero, además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.

 

Según el último informe de WWF, los cambios en el uso del suelo, incluida la deforestación y la modificación de hábitats naturales son responsables de casi la mitad de las enfermedades infecto contagiosas emergentes de origen animal.  La crisis sanitaria mundial por el COVID-19 plantea la necesidad urgente de una reflexión profunda sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, los riesgos asociados con las vías actuales de desarrollo económico y cómo debemos diagramar el futuro. Las actividades humanas están modificando catastróficamente nuestro planeta y generando consecuencias graves para nuestra salud y nuestro bienestar, por lo que resulta necesario buscar alternativas sustentables que nos permitan compatibilizar la producción con la conservación de nuestros ambientes naturales.

 

“Desde Vida Silvestre trabajamos apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño hasta la implementación y el monitoreo, por lo que nuestra experiencia y este diagnóstico pueden ser de utilidad para apoyar y enriquecer la implementación plena y efectiva de la Ley” afirmó Jaramillo.

 

 

 

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